17 de mayo de 2017
17.05.2017

Penas reducidas para los acusados en el caso Retablo tras admitir el cohecho

El extécnico de Patrimonio evita la cárcel tras la condena a prisión de dos años

17.05.2017 | 16:48
Vista del juicio de la Operación Retablo con los acusados en primera fila. // Xoán Álvarez

La operación Retablo se cerró ayer con una sentencia de conformidad por la que seis de los siete acusados han visto rebajadas sus penas al admitir el delito de cohecho en el amaño de contratos de restauración de patrimonio eclesiástico y aceptar la mecánica del fraude descrito por el fiscal. Entre ellos figuran un extécnico de la Consellería de Cultura y un arquitecto de la Sociedad de Xestión del Plan Xacobeo. Uno de los encausados no acudió al juicio, celebrado en la sede en Santiago de la Audiencia Provincial de A Coruña, por lo que fue declarado en rebeldía y será juzgado aparte cuando sea localizado por la policía. Ninguno de los condenados irá a la cárcel por las penas mínimas impuestas tras el acuerdo de la Fiscalía con las partes, siempre que paguen las multas y no vuelvan a delinquir durante el tiempo dure la condena. La Xunta intervino como acusación particular.

La trama de corrupción actuó entre los años 2004 y 2009, según el relato del fiscal, y amañó 22 contratos de rehabilitación de arte sacro con un presupuesto que superaba el millón de euros.

Carlos Gómez-Gil, el extécnico de Patrimonio y principal implicado en el fraude, aceptó dos años de cárcel, la inhabilitación por seis años para el ejercicio de empleo o cargo público, así como una multa de 2.190 euros y el embargo de otros 103.350 euros, la cantidad que habría percibido ilícitamente de empresas constructoras.

El juez recordó que el acusado, empleado público de la Consellería de Cultura entre 2004 y 2009, era el encargado de informar los proyectos de restauración de inmuebles eclesiásticos para que se adecuasen a las técnicas de restauración y fuesen realizados por profesionales cualificados. Conforme al escrito de la Fiscalía, conocía las funciones relativas a la restauración y también el funcionamiento de los procesos de adjudicación de las ayudas públicas. "Esto le permitió iniciar una práctica de imposición de proyectos de restauración a determinadas empresas en detrimento de las restantes", señala.

Como contrapartida, el técnico recibía dinero en efectivo o bien labores que no remuneraba por parte de las empresas beneficiadas.

En estrecha colaboración con este exfuncionario trabajaba en la trama el arquitecto del Xacobeo José Manuel Pichel, que proponía obras de restauración a financiar con fondos públicos y luego obtenía también beneficios de las empresas adjudicatarias. Pichel fue condenado solo a una multa de 720 euros.

Además, aceptaron condenas de un año de prisión y multas de 1.000 euros los responsables de tres empresas que actuaban de "común acuerdo" con el principal acusado: O. Q. L, de la entidad CBC; D. D. M, de la empresa Alquimia; y C. A. R, de Ábside. M. M., de la empresa Da Vinci, fue declarado en rebeldía.

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