Llegó a varios medios de comunicación, a algunos particulares y también a la Policía y fue lo que permitió descubrir el supuesto fraude en ayudas públicas para cursos de formación en Ourense. "Es realmente vergonzoso ver como año tras año se le conceden ayudas y subvenciones a empresas y asociaciones ficticias, cuyo único interés es llenarse los bolsillos a cuenta del resto. Estafadores y tramposos que defraudan miles de euros y que están protegidos por la propia administración pública". Así finalizaba un extenso anónimo, tras describir el presunto modus operandi de la red investigada por un presunto fraude de 600.000 euros en cursos de formación que no siempre realizaban, tras conseguir ayudas públicas de varias administraciones.

El escrito, que en correo electrónico adjuntaba documentación sobre contratos, vidas laborales, nóminas y certificados mercantiles, puso a la Policía sobre la pista en 2015. En ese año cerró el centro. "Todo estos hechos, aunque no disponemos de pruebas físicas, sí se pueden comprobar", decía el texto. Los investigadores de comisaría comparten las acusaciones tras sus pesquisas, observando presuntos delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría tiró del hilo. En 2016 remitieron un primer atestado al juzgado. El miércoles, la Policía Nacional detuvo a 5 personas. Tres quedaron en libertad en comisaría: A. G. B. (55), J. C. L. (63) y M. C. A. (69). Solo pasó a disposición judicial, el viernes, el matrimonio formado por el dueño del centro de formación, L. T. C. (60 años) y su mujer, M. C. P. A. (62), funcionaria jefa de sección de la Xunta. Antes en Traballo e Benestar -ahora en Economía aunque está de baja desde diciembre-, donde presuntamente usó su sello para dar validez a la documentación falsificada, desbloqueando el acceso a las subvenciones para los cursos de formación.