Tras la ola de incendios de 2006 que arrasó 90.000 hectáreas, la Xunta reforzó los controles e impuso la delimitación de los perímetros de seguridad libres de vegetación seca y maleza. Diez años después, las inspecciones para disuadir a los incendiarios y controles sobre las quemas agrícolas se han multiplicado. Hasta 14.400 realizó el año pasado Policía Autonómica, casi un 37% más que en 2016 y casi seis veces más que hace un lustro. Solo en los últimos cinco años, el Ejecutivo practicó más de 46.000 inspecciones en materia de incendios.
Las actuaciones preventivas del año pasado derivaron en casi 3.500 denuncias por irregularidades en las quemas agrícolas (2.013 expedientes, veinte veces más que hace cinco años) y por falta de cortafuegos cerca de viviendas y carreteras (1.468, el cuádruple que en 2012), según datos de la Memoria de Policía Autonómica. En conjunto, más triple de denuncias que hace cinco años. De media, cada día fueron denunciados seis propietarios por carecer del permiso para quemas, abandonar la actividad sin apagar o realizar esa acción en condiciones meteorológicas adversas. Además, los agentes también interpusieron a diario una media de cuatro denuncias por no establecer franjas de seguridad alrededor de viviendas, gasolineras, carreteras o instalaciones eléctricas.
En ambos casos, se trata del segundo mayor volumen de denuncias tramitadas por la Policía Autonómica, solo superado en 2015. Entonces se abrieron 2.142 expedientes por quemas (un 6% más que el año pasado) y 1.511 por incumplimiento de las distancias mínimas entre las viviendas y el material vegetal combustible cercano (apenas un 3% más). El balance de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia (UPA) del último lustro deja 8.520 denuncias por irregularidades en las quemas y 5.900 por falta de cortafuegos.
