Entre otras muchas disposiciones, la Lei de Estradas de Galicia vela para conservar las carreteras de ámbito local y autonómico y evitar que actuaciones de particulares y empresas dañen o invadan el patrimonio público, por lo que establece un régimen de infracciones y sanciones contra quienes causen algún tipo de perjuicio a la red viaria de la comunidad autónoma. Así, desde el año 2010, la Xunta ha impuesto un total de 351 sanciones por daños contra el dominio público viario, que representan el 60% de todos los expedientes abiertos en ese periodo.
Dejar coches abandonados en la carretera, ocupar la zonas de servidumbre con construcciones sin autorización, destrucción de la zona de afección o colocación de carteles publicitarios son algunas de las infracciones más habituales cometidas por los gallegos y detectadas por la Administración autonómica.
En la imposición de sanciones, el año 2013 marca el punto de inflexión. A partir de esa fecha desciende sensiblemente el número expedientes abiertos por la Administración autonómica. La razón es que una modificación de la ley, que entró en vigor a finales de ese año, incrementa sustancialmente el importe de las multas, pasando a ser un 66% más caras desde entonces, lo que parece que dio los efectos pretendidos de disuasión. Si antes de ese ejercicio las multas eran como máximo de 1.500 euros para las leves, de 6.000 para las graves y de hasta 150.000 para las calificadas como muy graves, tras la reforma el tope para cada categoría quedó establecidos en 2.500, 10.000 y 250.000 euros, respectivamente.
En el año 2010, la Xunta tramitó 99 sanciones, la cifra más alta del septenio. Al siguiente, las multas bajaron a 69; en 2012 se impusieron 49 y en el ejercicio siguiente, 43. A partir de entonces, con la reforma legal aprobada y vigentes ya las multas más elevadas, se rebajaron las sanciones, hasta las 32 en 2014, las 36 en 2015 y las 23 el pasado año.
En total, en los últimos siete años la Xunta abrió 586 expedientes por infracción de la Lei de Estradas que acabaron con 351 sanciones firmes. De ellas, muy pocas fueron consideras leves, solo 31, mientras que las graves ascendieron a 237 y las muy graves a 83, en bastantes casos por ser reincidentes y no hacer caso de los requerimientos de la Xunta.
Las arcas autonómicas ingresaron por la imposición de estas multas al menos 264.000 euros, que son los que los infractores abonaron durante el plazo voluntario de pago. Pero una gran parte se negaron, por lo que intervino la Axencia Tributaria para proceder a la recaudación forzosa, por lo que no es posible determinar a cuánto asciende el importe total.
Como infracciones más comunes detectadas y sancionadas, la Consellería de Infraestruturas ha identificado la colocación de carteles publicitarios en la zona de dominio público de las carreteras, levantar muros de cierre o marquesinas sin autorización, construir casetas ocupando parte de la zona de servidumbre, dejar que la maleza de una propiedad invada la vía, abandonar automóviles en la carretera, destruir parte de la acera, instalar postes de tendido aéreo en la zona de servidumbre sin permiso o construir cubiertas invadiendo el área de afección de la vía de comunicación.
