El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago investiga si se cometió un delito de prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en la adjudicación de un concurso de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dependiente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), para el servicio de transporte sanitario urgente en el año 2014, cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros.
Según la documentación judicial a la que tuvo acceso Europa Press, el único investigado es el técnico responsable de transporte del 061, M.A.M., quien actuó como evaluador de los vehículos durante el concurso.
Desde el 061 defienden el proceso y aseguran que no hay decisión judicial que motive apartar al técnico investigado. Según explican, se presentaron once recursos contra este concurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y todos fueron "favorables" a la fundación.
La causa se abrió a raíz de la denuncia de supuestas irregularidades que formalizó José Domingo Rodríguez, un empresario lucense excluido del concurso. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que recomendó en octubre de 2015 la admisión a trámite de la denuncia en un escrito firmado por Álvaro García Ortiz.
Los hechos arrancan el 26 de noviembre de 2014, cuando la Fundación 061 publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los pliegos de condiciones relativos a la licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre.
La prestación del servicio y la presentación de ofertas se dividió en 14 lotes (por áreas de transporte). Finalmente, la parte denunciante subraya que el concurso fue adjudicado a empresas que trabajaban con la carrocera ourensana Rodríguez López -un 95,5 por ciento-, y la portuguesa Autos Ribeiro --el resto--, entre ellas, Ambuibérica.
La investigación intenta determinar si, como concluye la Policía Judicial, la Administración pudo usar para el concurso pliegos de condiciones facilitados antes a la carta por la carrocera ourensana "en connivencia" con la lusa, lo que habría permitido a las firmas que trabajaron con ella dotarse de ambulancias con las características exigidas en tiempo récord.
El empresario lucense denunciante aportó documentación, incorporada a la causa, según la cual el adjudicatario que se quedó con el lote de la Mariña Lucense, Ambulancias Burela, disponía de ambulancias matriculadas y rotuladas meses antes de que se resolviese la adjudicación, lo que respalda las sospechas de la Policía de que hubo aspirantes que pudieron tener una posición de dominio sobre el resto.
