Una parte de las opiniones gallegas, pública y publicada, está convencida de que cuanto les sucedió a los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia, condenados a penas de prisión por "administración desleal", no fue sino una emboscada perfecta con la que culminó una auténtica guerra de influencias -y otra sucia- contra quienes se opusieron a la fusión entre las dos entidades gallegas que funcionaban en este país y cuya unión, justificada por una situación supuestamente imposible de resolver, la llevó casi a la quiebra.
El pulso inicial entre ambas se planteó ya en el mismo nacimiento del proceso, cuando ambas direcciones optaron por otras posibilidades y más tarde, bajo presión de la Xunta, por hacerse con la de la caja resultante. Pero antes se abrió un periodo de resistencia a la fusión misma por parte de la entidad ubicada en el sur gallego, Caixanova, a su vez resultado de una triple operación entre las cajas de Vigo, Pontevedra y Ourense, que se cerró también con muchas dificultades y finalmente tras una orden directa de Fraga ejecutada a través del entonces conselleiro y secretario general del PP, José Cuiña, y un alcalde de influencia notable en las "cosas" del PPdeG, el entonces regidor de Porriño Xosé Manuel Barros, ya fallecido.
Pero el gran duelo se planteó después, entre las cajas ubicadas en Vigo y A Coruña. En un momento determinado, el Banco de España decidió que la dirección de toda la operación recayese en el equipo director de Caixanova, aunque la presidencia sería dual. Así que la integración correría a cargo de un hombre de confianza del director general saliente de Caixa Galicia, un letrado notable apellidado García de Paredes.
La situación de las dos cajas era muy diferente. Aunque las dos tenían serias dificultades, Caixanova estaba en bastante mejor condición que Caixa Galicia -y quizá por eso Fernández Ordóñez, entonces gobernador del Banco de España, decidió confiarle a los gestores de la entidad del sur la dirección conjunta-, mientras Caixa Galicia se hallaba al borde mismo de la intervención, en principio ya decidida por las autoridades políticas.
Disparate
La operación de fusión, en iguales condiciones -un disparate para no pocos especialistas, habida cuenta de que no eran del mismo tamaño y la viguesa, más pequeña,estaba mucho mejor, como queda dicho- fue apurada y conducida por la Xunta, cuyo presidente rechazó una oferta de Rodrigo Rato, que le visitó personalmente en Monte Pío, para que permitiese a Caixa Galicia unirse a Caja Madrid,después Bankia.
La fusión final, "vendida" como "solvente" por la entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, tras encargar y pagar un millón de euros a una auditoría privada.Currás, persona de confianza del presidente Núñez Feijóo pero que luego, y en plena agitación "cajera", fue "cedida" al equipo del ministro Cristóbal Montoro, tras la vctoria en las generales del PP, como secretaria de Estado de Presupuestos y por tanto alejada de la melée gallega.
En la integración, y en sus circunstancias, se produjeron, como queda dicho, presiones de la Xunta y cruces de intereses mercantiles, políticos, publicos y privados.Feijóo -que llegó a comentar "sentirse engañado"- consideraba que la fusión dotaría a Galicia -y a su gobierno- de una sólida capacidad económica y por tanto mayor margen de actuación. Y determinados defensores de la fusión apostaban por una de las cajas, la del norte, para evitar el público conocimiento de operaciones de préstamos de alto riesgo y en general --se dijo y se publicó sin que fuera desmentido- una muy débil situación general.
Producida la integración y encargada la dirección de la nueva entidad, NCG, a Julio Fernández Gayoso -con Mauro Varela de Caixa Galicia, como copresidente, y entregando la dirección general a José Luis Pego, también procedente del sur, la nueva entidad echó a andar y casi de inmediato se produjo la evidencia de que los cálculos de "solvencia" eran una fantasía. Intervino entonces el FROB y se produjo un cambio en el Consejo de Adminitración.
Llegó a la Presidencia José María Castellano, antiguo "número dos" de Amancio Ortega, que puso en marcha un proyecto para sumar a los principales empresarios de Galicia, iniciativa que se saldó con un estrepitoso fracaso.
Por aquel entonces, ya con Castellano como presidente tras la dimisión de Fernández Gayoso, la nueva dirección prescindió de los servicios de los directivos de la antigua Caixanova -a pesar de que Pego, por ejemplo, se declaró dispuesto a quedarse- y se filtró el asunto de sus indemnizaciones, en un momento en que se estaba conociendo la situación de otras cajas en las que había habido mucha más intervención política y pérdidas mucho mayores que en la gallega NCG.
Filtraciones inexactas
A partir de ahí se abrió una investigación judicial -las filtraciones, en algún caso, eran manifiestamente inexactas, pero produjeron alarma social por sus muy elevadas cuantías- y desde algunos sectores se fomentó la llamada "pena del telediario", consistente en la frecuente aparición de los supuestos -entonces- culpables y se abrió más tarde el juicio.
Un juicio que sorprendió a muchos en Galicia, ya que otras cuestiones que afectaron a otras cajas con mucha mayor cuantía de pérdidas y mayores indemnizaciones, aún no tienen proceso abierto, varios tuvieron penas simbólicas e incluso directivos con más de tres años de cárcel, como en el caso de Castilla/La Mancha, nunca pisaron la prisión.
El proceso ante la Audiencia Nacional de los cinco exdirectivos acusados fue sorprendente. El tribunal, que finalmente los condenó a solo dos años de prisión -que sin antecedentes penales no suelen cumplirse y los letrados de la defensa explicaron después que otra condición, la devolución de cantidades estaba siendo negociada con el Juzgado-- prestó mas atención a informes administrativos y a unos consejeros y no a otros, omitió las declaraciones del FROB, el Banco de España y del expresidente de la entidad José María Castellano -que pagó a los condenados las cantidades- que insistieron en que las indemnizaciones eran "legales".
Y hubo más sorpresas: el Supremo, que ratificó la condena de la Audiencia Nacional, la califica de extremadamente benigna y discrepa de ella pero no la modifica. Y la propia Audiencia, ahora, ordena el ingreso en la cárcel de los exdirectivos "ante el riesgo de impunidad", a pesar de la sentencia de dos años y la devolución del dinero, cuyo sistema se estaba negociando y que no existe riesgo de fuga tras años de formalizada la acusación.
Sin entrar en absoluto en el fondo de la cuestión jurídica ni discutir las sentencias, en amplios sectores de Galicia ha sorprendido, y desagradado, el modo en que se trata ahora especialmente al responsable de la antigua Caixanova, Julio Fermández Gayoso, un hombre de 85 años a quien Vigo y Galicia debe mucho y que, curiosamente, no está entre aquellos cuyas indemnizaciones han sido objeto de acusación.
