Representantes de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia se reunieron esta semana con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para pedir su mediación para tratar de resolver los impagos que arrastran del Gobierno de Maduro. Un total de 3.800 retornados gallegos llevan sin cobrar la pensión del Ejecutivo venezolano 11 meses, 17 en Caracas. Algunos afectados fueron desalojados por falta de pago, carecen de medios para comprar alimentos e incluso en algún caso para dar sepultura a familiares, según explicaron a Rueda el miércoles por la noche.
El colectivo solicitó a la Xunta activar la proposición no de ley aprobada por el Congreso, exhortando al Gobierno español a exigir a Venezuela el cumplimiento inmediato del convenio bilateral y puesta al día de los pagos y además activar un programa de ayudas urgentes a los afectados, "para paliar al menos en forma temporal su drama humano". La pensión, que ronda mil euros, es el único ingreso que perciben estos jubilados, que no tienen derecho a recibir ninguna otra prestación del Gobierno central o de la Xunta.
Hasta ahora, y por demanda de la Federación de Venezolanos de Galicia, se realizaron ya varias gestiones desde la Xunta, pero sin éxito. La Valedora do Pobo, Milagros Otero, también demandó la colaboración de su homóloga estatal en el asunto.
