El celo con que se aplica la Axencia Tributaria Galega para evitar fugas en dinero negro o maximizar su recaudación mediante valoraciones al alza de bienes de los contribuyentes provocó el año pasado un importante engorde de las arcas públicas. Lo hizo en el capítulo de inspección del valor de bienes no inmuebles, lo que fundamentalmente se refiere a acciones, participaciones empresariales y compañías que cambiaron de manos, que la Atriga elevó el pasado año un 39% respecto al declarado por los contribuyentes. De 2.237 millones de euros que valían esas propiedades, según los ciudadanos, se pasó a 3.100, según la agencia dependiente de la Consellería de Facenda: 863 millones más. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tumbó el método usado por la Xunta -el Gobierno central entendía que invadía competencias estatales- para estos recálculos, por lo que la reclamación de impuestos a mayores quedaría ahora mismo en el aire.
El traspaso, inter vivos o mediante herencias, de acciones o participaciones empresariales o de compañías enteras está sometido, fundamentalmente, al impuesto de sucesiones o donaciones y al de transmisiones patrimoniales. El ciudadano que percibe esos bienes realiza una autoliquidación impositiva ante Facenda, es decir, declara un valor de sus nuevas propiedades y paga el impuesto que le corresponde, beneficiándose de descuentos si cumple determinados requisitos, bien por los beneficios que le reportan, bien por el valor de estos.
Pues bien, la labor inspectora de los técnicos de la Atriga concluyó que el valor declarado sobre esos bienes no inmuebles por los contribuyentes se quedaba un 39% por debajo de lo que ellos estimaban real, revisión al alza que realizaron bien a través de comprobaciones rutinarias, bien de inspecciones específicas en casos sospechosos. En total, se analizaron 2.144 autoliquidaciones.
El incremento de recaudación logrado mediante esta revisión se incluye dentro de los 150 millones de "deuda no declarada" que la Xunta logró el año pasado y que vinculó a la lucha contra el fraude fiscal, si bien en el caso de las autoliquidaciones puede tratarse de un error del contribuyente o del empleo de un método diferente al de Facenda.
Esta práctica de revalorizaciones de bienes no es nueva en la Xunta, que ya la aplicó en las polémicas retasaciones de pisos a los que aplicar impuestos autonómicos. Solo en 2014, esas decisiones de Facenda, tras actualizar al alza la orden de precios medios a aplicar, disparó en 5.600 millones de euros el valor de los bienes. Esas decisiones provocaron una "alta conflictividad" judicial ante las reclamaciones de los ciudadanos, según recogió en un informe el propio Ministerio de Hacienda.
Ante las sentencias que tumbaban ese incremento de valor decretado por la administración -y que, de media, alcanzaba el 92% en la provincia de Pontevedra-, la Xunta decidió modificar el sistema para determinar cuánto valía cada piso en julio de aquel año.
Los controles llevados a cabo por Facenda se centraron el año pasado en el impuesto de sucesiones y donaciones de bienes de todo tipo, con los que elevó la declaración de 10.000 contribuyentes y se embolsó 78,7 millones extra, vinculados a errores o intentos de defraudar -práctica que sitúa en 38,3 millones el año pasado la memoria de la Atriga, 5,5 más que en 2014-. En el caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, la factura fiscal se encareció para casi 21.000 gallegos, que en total desembolsaron en las arcas públicas 27,3 millones. Además, Facenda abrió 625 procedimientos sancionadores para exigir 9 millones en multas.
La Xunta aplicó este año una reducción del impuesto de sucesiones con una exención total en los legados por debajo de los 400.000 euros, lo que rebajará su recaudación anual, según sus propios cálculos, en unos 70 millones de euros, aunque la Atriga podrá seguir revisando las declaraciones impositivas de ejercicios pasados. Tiene de margen cuatro años.
A pesar de esa decisión, coincidente con la mejora de las cuentas públicas y un crecimiento previsto del 3%, así como de elecciones autonómicas en septiembre, las herencias en vida crecieron hasta rozar las 6.000 durante los primeros seis meses del año, casi tantos como en todo 2015. ¿El motivo? Que recibir un legado también supone una carga fiscal a través del IRPF, pero si se realiza en vida se esquiva ese pago, según una sentencia del Tribunal Supremo de febrero.
