Solo el 12% de los delitos de corrupción denunciados en Galicia llega a juicio

Los tribunales gallegos tramitaron en el último lustro casi mil ilícitos de este tipo, de los que fueron juzgados poco más de cien -Pontevedra lidera las condenas con diez en 2015

01.11.2016 | 09:16
Solo el 12% de los delitos de corrupción denunciados en Galicia llega a juicio

Poner fin a los interminables procesos de instrucción es uno de los retos pendientes de la Justicia. Las demoras en la investigación de causas complejas, que en los juzgados gallegos suelen prolongarse durante más de cuatro años, hacen que la sentencia pierda su función ejemplarizante. Máxime en delitos de corrupción, para cuya investigación la Fiscalía Superior de Galicia reclama desde hace años equipos especializados.

El balance de las causas de prevaricación, cohecho o tráfico de influencias en los juzgados gallegos durante los últimos cinco año hablan por sí solos. Hasta 943 delitos por corrupción fueron tramitados entre 2011 y 2015, un periodo en el que fueron calificados 115. O lo que es lo mismo, tan solo un 12% de los procesos de corrupción fueron llevados a juicio. Una cifra que en realidad es todavía más baja, ya que algunos de los asuntos proceden de instrucciones anteriores a 2011.

La cifra de sentencias por este tipo de ilícitos apenas representa el 6% del total de asuntos investigados en los tribunales de la comunidad. Tan solo 53 fallos en el último lustro, de los que la mayoría se dictaron el año pasado -un total de 22, lo que supone el 41% del total-, según la memoria de la Fiscalía gallega. La mayoría de las sentencias dictadas el año pasado fueron por blanqueo de capitales: 13. Y por provincias, es Pontevedra la que concentra el mayor número (un total de 10 delitos de corrupción sentenciados), seguida de A Coruña (6), Lugo (3) y Ourense (3).

En el último lustro, 2014 está marcado en rojo en los balances del Ministerio fiscal. Ese fue el ejercicio con más asuntos de corrupción incoados: 288. Por el contrario, el año pasado se contuvo la tendencia al alza, lo que permitió cerrar el ejercicio el primer descenso del último lustro en causas de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho o blanqueo de capitales. Hasta un total de 195 delitos relacionados con la corrupción fueron tramitados el año pasado en la comunidad, un 32,3% menos que el ejercicio anterior.

El delito de corrupción más habitual en Galicia es el de prevaricación administrativa, con 112 causas abiertas el año pasado (casi el 60% del total), un balance que supone casi un 23% menos que el ejercicio anterior. De lejos, le sigue la malversación y el tráfico de influencias, con 28 y 23 procesos, respectivamente. Es precisamente en tráfico de influencias donde se produjo el mayor descenso en el último año, casi un 70% menos que los 74 delitos contabilizados en 2014. Los casos de malversación no variaron y se mantienen en las mismas cifras que el ejercicio anterior.

Al menos cuatro años. Ese es el tiempo medio que suele transcurrir en Galicia desde que transciende una imputación hasta que finaliza la instrucción. Pero a ese periodo hay a que sumar el que se tarda en fijar el juicio, celebrarlo y dictar sentencia.

Con estos plazos, la mayoría de los cargos públicos investigados por presunta corrupción ya están fuera de la vida social cuando se sientan en el banquillo. Esta dilación abre la puerta a la impunidad de decenas de cargos públicos, funcionarios y empresarios. No por la prescripción del delito, salvo casos excepcionales, sino por el hecho de que cuanto más se alargue un proceso, más posibilidades hay que de se cometa algún error que invalide la causa.

Separar las causas en piezas que permitan agilizar la instrucción y evitar que una sola persona instruya un macroproceso es el antídoto que propone Fiscalía Superior de Galicia para evitar el carpetazo de causas complejas, como ocurrió con la trama de retirada de multas de tráfico en Lugo y las supuestas adjudicaciones irregulares en Outeiro de Rei.

Desde la Fiscalía defienden la creación de equipos especializados para agilizar las causas complejas así como la figura del fiscal instructor, vigente en parte de la UE.

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