Los sindicatos agrarios calculan que habrá en torno a un millón de propiedades afectadas por la revisión del IBI rústico y estiman que se multiplicarán por diez los ingresos que obtienen los concellos por este impuesto. Esto significa que pasarán de recaudar algo más de diez millones al año a unos cien millones.

Los cálculos son, en todo caso, a la baja, dado que parten de la base de que hay una media de una treintena de naves o galpones por cada uno de los 30.000 núcleos de población de la comunidad autónoma.

Consciente de las consecuencias que esta revisión catastral podría tener para los propietarios, la Xunta se prestó a asesorar a concellos y particulares para que el impacto fuera el menor posible. Pero la iniciativa ha tenido muy escasa respuesta pues únicamente nueve ayuntamientos solicitaron el asesoramiento de la Axencia Tributaria de Galicia. Hasta agosto solo habían acogido a la iniciativa os concellos coruñeses de Brión, Ordes y Cariño; los pontevedreses de Silleda, Mondariz y Rodeiro; el de Xinzo de Limia, en Ourense y los lucenses Trabada y O Vicedo.