Si la Lomce en general levantó ampollas entre la comunidad educativa, las "reválidas" que establece fueron de lo más contestado. Pese a la situación de incertidumbre del Gobierno central, este año está previsto que se celebren dos evaluaciones finales, como las denomina la normativa, que afectan al final de etapa: en 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato. Aunque este curso superarlas no será necesario para hacerse con el título de la ESO y de Bachillerato, respectivamente, la ley prevé que en el futuro lo sean. A no ser que, en lo tocante a la de 4º de la ESO, el Gobierno central haga caso a la Xunta, que ayer anunció que solicitará al Ministerio de Educación que la evaluación final de etapa de Secundaria "no tenga efectos académicos".

Así lo trasladó el propio responsable de Educación gallego, Román Rodríguez, desde la TVG. El conselleiro defendió estas evaluaciones como "positivas como herramienta de diagnóstico, para obtener información sobre las fortalezas y debilidades del sistema educativo", con el fin de implementar medidas "para mejorar el sistema", como ocurre, dijo, con la de 3º. No obstante, avanzó que pedirá al Gobierno que la de final de ESO, en 4º, "no tenga una traslación académica" al expediente del alumno "ni que sea una condición necesaria para dar el paso a la siguiente etapa". Según explicó después en la inauguración del curso en el CEIP de Seixo, en Marín, pese a que existe una "incertidumbre política", el calendario de aplicación de la Lomce pone una "certeza", ya que fija unos "procedimientos y plazos" para poner en marcha las reválidas. "Sabemos que el Ministerio da pasos para tener en noviembre las partes técnicas de la evaluaciones perfectamente fijadas", explicó Rodríguez, "pero lo que nosotros planteamos, y también entendemos que el Ministerio tiene esa voluntad, es de fijar un punto neutro en lo tocante a las evaluaciones".

"Es importantísimo", recalcó, "que trabajemos con lealtad y pensando en el alumnado", que "tengamos la capacidad de llegar a un punto de vista neutro desde el punto de vista educativo para generar certezas en las familias y en la sociedad y eso es lo que estamos planteando". "Desde Galicia", incidió Rodríguez, "entendemos que de ese modo generaríamos una cierta tranquilidad en el sistema, en las familias y en el conjunto de la comunidad".

El anuncio de Román Rodríguez fue cuestionado desde la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. Su portavoz, Anxo Louzao, aseguró que es "época electoral" y ya se "perdió una oportunidad de oro" de hacer frente común con otras comunidades contra esta "imposición".