La Xunta ya ha impuesto casi 300 multas a particulares por tener fincas abandonadas desde que comenzó a aplicar estas sanciones en el año 2014. Aunque la ley que permite esta actuación a la Administración autonómica es la de prevención de incendios, aprobada en abril de 2007 por el bipartito, no fue hasta hace dos años cuando la Consellería de Medio Rural se decidió a recurrir a las sanciones como medida disuasoria para que los dueños mantengan limpias de maleza las fincas que no cultivan, un factor considerado clave, sobre todo en verano, para evitar la propagación de las llamas en caso de incendio.
El ritmo fue más intenso en su primer año de aplicación, para rebajar la presión en 2015 y aún más en los ocho meses que llevamos de este ejercicio. En total, según los datos de la Consellería de Medio Rural, se abrieron 340 expedientes, de los que 273 acabaron en multa para los propietarios. Si bien la multa, por tratarse de una infracción leve, puede llegar hasta los 1.000 euros, en casi todos los casos las multas impuestas oscilan entre los 200 y los 300 euros, "para que los particulares puedan hacerles frente y, de esta forma, concienciarlos de que limpien las fincas", asegura el departamento de Ángeles Vázquez.
En 2014 acabaron en sanción los 149 expedientes abiertos, es decir, todos. Al año siguiente se iniciaron 124 procesos, de los que 110 terminaron con la imposición de multas. Y en los ochos primeros meses de este año solo se incoaron 67 expedientes, de los que, de momento, ya tienen sanción 14, es decir, solo una décima parte de las multas tramitadas en el primer año de aplicación de la legislación que permite a la Administración autonómica penalizar económicamente a los propietarios de predios que los tienen sin atender y llenos de maleza.
El abandono de las fincas en el rural es uno de los condicionantes que más influyen en la proliferación de incendios forestales, además de ser un factor de riesgo añadido si están próximas a casas o núcleos habitados. Por eso, desde el bipartito a la actual Xunta se han aprobado hasta tres leyes que recogen disposiciones para obligar a los dueños a mantenerlas despejadas de maleza.
La primera de ellas fue la Lei de Prevención de Incendios de 2007, pero debido a la dificultad para identificar a los propietarios y la falta de medios suficientes, sumado a la decisión del Gobierno gallego de dar un periodo de gracia a los infractores, se retrasó el recurso a las multas multas. Posteriormente la Xunta del PP incluyó también sanciones por abandono de fincas en la Lei de Mobilidade de Terras del año 2011 y en la Lei de Estructura Agraria, aprobada el pasado año, para reforzar esta actuación por parte de la Administración autonómica.
En los casos más graves, las multas pueden llegar a los 3.000 euros, pero la Xunta de momento solo está considerando las infracciones como leves, y de ahí que las cuantías oscilen entre los 200 y los 300 euros. Con este paquete legislativo se intentó promover que los dueños tanto de parcelas como de montes tuvieran limpias y cuidadas sus propiedades, recurriendo a apercibimientos antes de dar paso a la penalización económica.
En todo caso, se pone especial énfasis en mantener desbrozados los perímetros (en un entorno de 50 metros) alrededor de casas o núcleos poblados, donde además existe la prohibición de plantar determinadas especies arbóreas especialmente combustibles.
Además, se concedió a los concellos la facultad para actuar contra los dueños de fincas abandonadas. El ayuntamiento, si así lo considera pertinente, puede realizar las labores de desbroce de forma subsidiaria y posteriormente trasladar el gasto al dueño.
Al margen de las multas impuestas por la Xunta por fincas abandonadas, también actúa la Policía Autonómica, pero centrada en las franjas de protección (50 metros de ancho) de los predios próximos a casas, gasolineras, carreteras, industrias, campings, infraestructuras de transporte o tendidos eléctricos. En 2014, los agentes abrieron 1.391 expedientes por esta razón ,cifra que subió hasta los 1.406 el pasado año.
