Entre las pocas coincidencias que hay en los programas electorales de todos los partidos tanto en la cita de diciembre como en la reciente de junio está la necesidad de darle un giro al sistema de financiación autonómica. Es, de hecho, una de las propuestas del presidente en funciones, Mariano Rajoy, en su búsqueda de un acuerdo de legislatura. Lo repetía de nuevo ayer tras la reunión con el líder socialista, Pedro Sánchez. Y lo hacen insistentemente los expertos, que recuerdan que la propia ley que regula el actual sistema de reparto insta a su revisión a los cuatro años de la entrada en vigor. Ese plazo se cumplió el pasado 2015 y en abril de este año el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, anunciaba la creación de un comité de expertos para realizar el análisis junto a la petición a las comunidades de un informe con su opinión. No será fácil ponerlas de acuerdo, que precisamente es una de las causas del retraso en abordar la reforma. Solo cinco de ellas aguantan un saldo negativo. Es decir, aportan al Estado más de lo que reciben luego. Madrid, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra. Galicia mantiene su enorme dependencia de la caja común, que, según la actualización de las balanzas fiscales que Hacienda publicó ayer, alcanza los 3.655 millones de euros.
La nueva radiografía de las cuentas territorializadas se elabora con la distribución de los ingresos y gastos de 2013. En comparación con el ejercicio precedente, Galicia reduce ese desajuste en sus relaciones con el resto del país. Pero solo ligeramente. En 174 millones de euros. Un 4,5%. La diferencia de lo que llega a la región por encima de lo que da representa el 6,78% del Producto Interior Bruto (PIB). En la edición anterior de las balanzas se situó en el 7%.
En cantidades absolutas, el desajuste de Galicia es el tercero más elevado tras Andalucía (6.154 millones) y Castilla y León (4.612 millones). En 2012 ocupaba la segunda posición. Con respecto al peso de ese desajuste en la economía, el saldo gallego es el sexto de mayor cuantía. En esa proporción destacan Ceuta y Melilla (22% del PIB), Extremadura (16,2%), Asturias (9,94%) y Canarias (8,9%).
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2.385 euros por habitante
Cada residente en Galicia recibe de lo que el resto del país ponen en la caja común unos 1.326 euros. Algo más de 700 euros por la vía del gasto público y 624 en ingresos fiscales. La financiación regional per cápita asciende en la autonomía a 2.385 euros, frente a la media de 2.207 euros por habitante. La media en las comunidades del régimen común son 2.113 euros. En País Vasco y Navarra, en cambio, se dispara a los 3.551 euros.
Que son las dos grandes áreas que explican el contundente superávit fiscal de Galicia. En la primera partida, donde lo recibido supera en 1.721 millones a lo que genera la comunidad, los montantes principales son tributos estatales y autonómicos (953 millones) y las cotizaciones sociales (519). En el caso de las inversiones del Estado, destaca muy por encima del resto el gasto en protección social, con 1.300 millones de euros, según el informe de Hacienda, siempre muy polémico, a partir de la metodología diseñada por varios reconocidos economistas, encabezados por Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Los únicos apartados en los que Galicia se coloca por arriba de las inyecciones del Estado son la financiación local, con 452 millones de euros de diferencia; justicia, prisiones y seguridad, con 98; y vivienda y urbanismo, con 21 millones.
Madrid lidera el grupo de territorios con déficit fiscal. Casi 17.600 millones. La comunidad aporta el 9,07% de su PIB. En Cataluña representa el 4,5%, 4.800 millones. Ambas reducen su déficit, en 500 y 1.130 millones, respectivamente. Algo más de 1.500 el archipiélago balear, el 5,8% de su economía. El 1,5% prácticamente la Comunidad Valenciana, con 1.416 millones; y 176 millones (1%) Navarra.
