La Xunta ha aplicado un nuevo recorte a las subvenciones que destina anualmente a los sindicatos gallegos para costear su funcionamiento interno y la formación interna de sus cuadros dirigentes. La rebaja en la asignación será este año del 3,3% y se quedará en 1,063 millones de euros, una cantidad que es justo la mitad de lo que la Administración autonómica destinaba en 2010 a sufragar las actividades propias de las centras sindicales más representativas de la comunidad.
La irrupción de la crisis y la continua merma de los presupuestos por la reducción de los ingresos, llevó a la Xunta a recortar también la subvenciones reservadas para financiar el funcionamiento interno de los sindicatos. El techo se marcó en el año 2008 con 2,325 millones de euros. Al año siguiente la partida se congeló y en 2010, la cuantía se rebajó a 2,125 millones y a partir de entonces no dejó de recortarse de forma continua hasta llegar al poco más de un millón con que contarán este año.
Esta reducción ha provocado la queja de los sindicatos UGT, CC OO y CIG, que la reflejan en un dictamen del Consello Galego de Relacións Laboráis y que repiten, año tras año, sus quejas por la merma de la aportación de las arcas autonómicas. Reproches que también lanza la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) porque ella ha quedado fuera de la convocatoria de ayudas. "Las organizaciones sindicales consideran que el porcentaje de reducción aplicada a estos programas, de un 50%, resulta muy superior a la media del descenso del presupuesto xeral de la comunidad producido entre 2010 y 2016, que fue de un 12%", argumentan los sindicatos.
El poco más de un millón de euros se destina en su mayor parte a financiar el desarrollo de las actividades ordinarias de las centrales sindicales, si bien una parte, que no llega a los 290.000 euros, es para promover el funcionamiento de gabinetes técnicos y para planes de formación de cuadros de delegados sindicales.
Las organizaciones centrales quieren destacar también que persisten importantes diferencias con respecto a los crédito presupuestarios de programa similares existentes en la mayor parte de las restantes comunidades autónomas, por lo que reclaman que en vez de recortar año tras año estas partidas, lo que debería hacerse es incrementarlas en porcentajes "significativamente superiores" a la evolución del IPC.
Las centrales también se quejan de algunos de los requisitos exigidos por la Xunta para poder cobrar la asignación, como el deber de identificar a los asistentes a los cursos de formación de cuadros dirigentes, alegando que puede colisionar contra el derecho de libertad sindical, y el tener que estar al corriente de todos los pagos relativos a sus obligaciones tributarias. El Gobierno gallego, por su parte, responde que los controles no han variado y que así se garantiza el correcto uso de los fondos públicos.
Pero si los sindicatos se quejan por unas ayudas que consideran insuficientes, la patronal gallega lo hace aún más por no tener acceso a este tipo de subvenciones para sufragar su funcionamiento interno: "La Confederación de Empresarios de Galicia manifiesta su total desacuerdo con la falta de equilibrio y ponderación de intereses".
Al no ofrecer, en el marco de esta regulación, la posibilidad de concurrir a la convocatoria por parte de las asociaciones empresariales, "se están conculcando los principios de igualdad y paridad que deben observarse en el delicado equilibrio que representan las relaciones laborales", lamenta la patronal gallega.
