La Xunta ha sacado la cartera y en su último año de legislatura está dispuesta a pagar las cuentas pendientes que tenía con sus empleados, a los que sometió durante los años de crisis a duros ajustes salariales para cuadrar las cuentas públicas. Además de completar este año, justo antes de los comicios autonómicos, la devolución de la extra de Navidad que el Gobierno central suprimió en 2012, el Ejecutivo gallego se ha comprometido también con los sindicatos a reintegrarles parte del complemento específico que suprimió en 2013, lo que supondrá un desembolso para las arcas gallegas de 25 millones de euros y un ingreso para cada uno de los trabajadores de 180 euros, que recibirán a partes iguales entre este año 2016 y el 2017.
El Gobierno de Feijóo decidió suprimir el complemento específico que pagaba a sus empleados en 2013, lo que supuso una rebaja salarial para el personal de la Xunta de alrededor del 4 por ciento. Sin embargo, los presupuestos que contemplaban este recorte no se aprobaron hasta marzo, de manera que los sindicatos promovieron reclamaciones ante la justicia para que la Xunta les abonara la parte del complemento específico correspondiente a los meses de enero y febrero, cuando aún no había entrado en vigor la norma.
Desde entonces fueron saliendo en cascada distintas sentencias dándoles la razón a los demandantes y obligando a la Xunta a pagar la parte devengada del complemento específico.
El Gobierno gallego, sin embargo, no ha movido ficha hasta ahora. La Consellería de Facenda remitió ayer a los sindicatos una propuesta para devolver con carácter general a toda la plantilla de la administración autonómica, centros de educación concertados y universidades la parte de esta paga que les corresponde. Y lo harán a través de una ley que tramitarán ante el Parlamento autonómico "lo antes posible".
Al cursar la devolución mediante una ley extienden el reintegro a todos los empleados públicos y no solo a aquellos que hayan reclamado ante la justicia. Evita además al resto de personal de la Administración autonómica que tengan que acudir a los juzgados a reclamar la paga. La otra ventaja es que los trabajadores que obtuvieron el reembolso mediante sentencia judicial deben hacer una declaración complemetaria del IRPF puesto que consta como ingresos del año 2013, mientras que si la Xunta lo aprueba por ley constará como una renta de 2016 y 2017.
