El Supremo rebaja las condenas por la trama de retirada de multas de tráfico en Lugo

En junio de 2015, la Audiencia Provincial condenó a Otero Calvo a una pena de siete meses y quince días de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, e inhabilitación para cargo público por el tiempo de dos años y tres meses. Igualmente, González Díaz fue condenado a dos años y tres meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, e inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones por el tiempo de dos años.

La Sala Segunda del Supremo acaba de reducir la pena, al entender que la Audiencia no se ajustó a lo solicitado por la Fiscalía en cuanto a rebajar dos grados, "y no solo uno", las condenas en aplicación de "atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas".

Por ello, el Alto Tribunal rebaja a tres meses de prisión y un año y un mes de inhabilitación al exsubdelegado del Gobierno por delito de tráfico de influencias. Y al exjefe provincial de Tráfico, a dos años y tres meses de cárcel por delito de falsedad en documento público y a 3 años de inhabilitación especial por delito de prevaricación. Según los hechos probados de la sentencia, los dos acusados, en el ámbito de sus funciones, "sin fundamento alguno, caprichosa e injustificadamente, salvo el interés de beneficiar exclusivamente a las personas sometidas a los expedientes, convinieron la práctica de decidir archivar" determinados expedientes por sanciones de tráfico, entre 2006 y 2009.

El subdelegado, que ejerció en Lugo entre 2004 y 2009, influía y presionaba sobre González Díaz, exjefe provincial de Tráfico entre 2006 y 2009, con "anotaciones en los boletines o en otras resoluciones, con nombres de personas, generalmente de su mismo partido político" para que archivase la multa.