Para los proveedores resulta un quebradero de cabeza cobrar una obra o servicio prestado a las administraciones públicas, en especial de los ayuntamientos. Lejos de reducirse, la lista de concellos que acumulan recibos pendientes de pago a autónomos y pequeñas empresas engorda cada vez que el Ministerio de Hacienda publica un nuevo balance. Treinta días. Ése es plazo en el que las administraciones autonómicas y locales deben pagar sus recibos. Aquellas que incumplan de manera reiterada este límite fijado por la Ley de Morosidad o incluso las que eludan facilitar los datos se enfrentan a sanciones por parte del Gobierno central. Casi la mitad de los ayuntamientos gallegos están en esta situación: un total de 152 que no cumplen con los requisitos marcados por Hacienda, de ellos 110 -el 35% del total en Galicia- pagan a sus proveedores por encima del mes fijado por ley y otros 42 -más del 13%- omiten el balance de pagos, según los últimos datos del pasado mes de marzo publicado ayer por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.
De las ciudades, solo Ferrol (43,30 días) y Lugo (58,59) incumplen el periodo de pago. Y las que antes pagan son Vigo (-7,8 días, es decir, paga casi ocho días antes de que empiece a contar el plazo legal fijado por Hacienda) y Pontevedra (-1,1). En Ourense la demora media es de 24 días, en A Coruña de 27,4 y en Santiago de 29,3.
Por provincias, las que concentran más concellos morosos son A Coruña y Pontevedra: 32 ayuntamientos coruñeses pagaron por encima de 30 días el pasado mes de marzo y 29 pontevedreses. Cierran la lista autonómica, Ourense, con 28 municipios incumplidores, y Lugo, con 21.
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El informe mensual de Hacienda sobre el pago a proveedores, revela además que otros 42 concellos no cumplieron con su obligación de enviarle los datos sobre la gestión de sus facturas: ocho de la provincia de A Coruña, otros ocho de Lugo, 21 de Ourense y los 5 restantes de Pontevedra.
El Gobierno central tiene bajo la lupa a estos 152 ayuntamientos gallegos, a los que someterá a un especial seguimiento, de manera que si reinciden en su incumplimiento de la Ley de Morosidad o rehúsan mandar los datos requeridos por Hacienda serán sometidos a medidas extraordinarias e incluso a la retención de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE).
Los retrasos en el pago de facturas han sido durante años una constante, pero esta situación comenzó a mitigarse en 2012, año en el que se pusieron en marcha los planes de pago a proveedores -en el caso de Galicia se acogieron 179 concellos que acumulaban casi 122.000 recibos pendientes de pago por un importe de casi 212 millones de euros- y el Fondo de Liquidez Autonómica -a este último, la Xunta fue una de las pocas administraciones autónomicas que rehusaron la ayuda de Madrid-.
De la lista de ayuntamientos gallegos incumplidores llama la atención el elevado número que pagan sus facturas con una demora por encima de los 60 días, más del doble del plazo fijado por ley. En esta situación están un total de 59 concellos. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco ayuntamientos gallegos arrastra facturas de servicios o obras que debía haber abonado dos meses atrás. Ourense y A Coruña lideran la tabla, con 19 y 18 casos, respectivamente, seguidas de Pontevedra (13) y finalmente Lugo (9).
Son precisamente dos ayuntamientos de Ourense -Os Blancos y A Bola- los que encabezan en ranking nacional de las administraciones locales con la tasa de morosidad más alta. Sus retrasos en el pago a autónomos y pequeñas empresas alcanzan los 763 días y 534, respectivamente. En la lista de los ayuntamientos más morosos de España, también figuran A Porqueira (311 días), Rairiz de Veiga (280), Coristanco (292) y Laxe (258). De la provincia de Pontevedra, el concello con más demora en el pago de sus recibos es Vilanova de Arousa (238 días) y de Lugo, Cospeito (174). Y en el caso de las diputaciones son las de Lugo y Ourense las que han hecho esperar más de la cuenta a sus proveedores, 40,99 y 30,28 días, respectivamente.
En cuanto a la administración autonómica, Galicia es una de las siete comunidades autonómas donde el pasado mes de marzo se acortó el plazo de pago a los proveedores. La Xunta es la sexta administración regional que antes pone al día sus facturas: 22 días frente a los 29,56 del mes anterior, lo que supone una rebaja en los plazo de pago del 25%. De media en el conjunto de las administraciones autonómicas el periodo subió de 41,98 días a 43,44.
De los 84 entes públicos de la Xunta, el 36% pagan fuera de plazo (un total de nueve) o no aportan datos a Hacienda (21). A la cabeza del ranking autonómico de los organismos gallegos que más incumplen la Ley de Morosidad están la Fundación Feiras e Exposicións de Lugo, que arrastra facturas de hace 136 días, casi cinco veces por encima del plazo legal. Le sigue de cerca Aquae Querquennae-Vía Nova, con una demora de casi 122 días. En la lista continúan el Instituto Galego de Calidade Alimentaria (67,44 días), el Fondo Galego de Garantía Agraria (54 días) o la Axencia Galega de Innovación (48,51).
