Pactar un nuevo modelo de financiación autonómica será una de las principales tareas del próximo Gobierno español, tras las elecciones del 26 de junio, y tanto PP como PSOE están de acuerdo en poner límites a la solidaridad territorial, una propuesta lanzada el martes de forma genérica y sin más detalles que puede levantar ampollas en Galicia, una de las comunidades que recibe más recursos de los que aporta a las arcas estatales. La Xunta optó ayer por guardar silencio tras las declaraciones de Álvaro Nadal, secretario de Economía del PP y jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, en unas jornadas sobre financiación autonómica en Madrid, en las que sentenció que "la solidaridad tiene un límite" y apostó, igual que el PSOE y Ciudadanos, por aplicar el principio de ordinalidad, es decir que el modelo no altere las posiciones de partida de las comunidades en recursos per cápita. Un ejemplo, Cataluña es la tercera comunidad con más capacidad fiscal (118,4 euros por habitante) pero con el sistema vigente, tras aplicar los criterios de nivelación, pasa al puesto once. Galicia, por el contrario, es la décima comunidad en capacidad fiscal (86,6 euros por habitante) pero con el modelo actual pasa a la sexta plaza del ranking (10,6,5 euros por habitante). Aplicar ese principio de ordinalidad iría en contra de los intereses de Galicia.
El Ejecutivo de Rajoy postergó la negociación del nuevo modelo por la crisis económica y por las dificultades para alcanzar un consenso. Nunca ha sido fácil pactar el sistema que rige el reparto de dinero entre las comunidades, pero las estrecheces económicas y las tensiones nacionalistas han disparado las dificultades. Las complicaciones puden ser mayores si, como es previsible y apuntan todas las encuestas, el próximo Ejecutivo central no tiene mayoría absoluta. Cataluña, Valencia y Madrid, por ejemplo, exigen más recursos y critican que aportan más dinero a las arcas estatales del que luego reciben y desde Galicia se reclaman también más fondos porque la prestación de la educación y la sanidad es más cara por la dispersión de la población y el envejecimiento de su censo.
La pasada semana, en el pleno del Parlamento, el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exigía "un sistema de financiación para los gallegos en pie de igualdad que el resto de las comunidades y de las personas de España" y cuestionaba el modelo vigente, en su opinión, pactado entre Zapatero y los catalanes, porque no se rige por el principio de cubrir los costes reales de los servicios públicos. "Es un modelo incorrecto e injusto, que hay que rectificar", concluyó, aunque atisbó sus dificultades para modificarlo por las ansias "independentistas" de Cataluña.
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Feijóo también propone que en el futuro modelo de financiación se introduzcan incentivos económicos para las comunidades cumplidoras con el objetivo de déficit, como Galicia.
Álvaro Nadal, en el transcurso del debate organizado el martes por Fedea, al que acudió como secretario de Economía del PP y no como miembro del Gabinete de Mariano Rajoy, advirtió en todo caso que la reforma de la financiación autonómica "va para largo", en su opinión. Y se mostró favorable a cambiar el modelo una vez que los niveles de ingresos fiscales vuelvan a niveles precrisis. Con más fondos a repartir, en su opinión, será más fácil encontrar el consenso. También apuntó que el acuerdo sólo será posiblecon "un pacto de hierro" entre los grandes partidos, tanto a "nivel nacional como autonómico" y si los partidos logran atar en corto a sus líderes regionales. "¿Quién controla a los barones autonómicos? se preguntó Nadal, quien también comentó que los presidentes de las comunidades, al margen de su ideología, solo buscan "rascar" más dinero para presentarse en sus comunidades como uno de los que ha conseguido en Madrid más dinero para su tierra.
En nombre del PSOE, habló Manuel de la Rocha, el responsable de Económica de Ferraz. De la Rocha fue quien precisamente puso encima de la mesa la conveniencia de que en el nuevo sistema se respete el principio de ordinalidad, es decir que cada comunidad mantenga en el ránking autonómico la posición que tenía antes de aportar al sistema y después del reparto de fondos. También abogó porque la financiación por habitante ajustada sea igual en cada comunidad y por crear un fondo de estabilización para que siempre esté blindada la financiación de la educación y la sanidad.
PP y PSOE coincidieron además con Ciudadanos y Podemos en que el vigente modelo es opaco, confuso y arbitrario, aunque el portavoz socialista lanzó una lanza en favor de un sistema impulsado por el Gobierno de Zapatero. Es mejor que el anterior aprobado por el PP.
