La sostenibilidad del sistema público de pensiones será, sin duda, uno de los ingredientes clave del debate electoral hasta el 26 de junio. Como lo fue en la campaña de diciembre. España se enfrenta al progresivo envejecimiento de la población por el alargamiento de la esperanza de vida y una tasa de natalidad diminuta -largo y muy conocido debate en Galicia, entre las regiones europeas con mayor peso de los ciudadanos que superan los 65 años, una cuarta parte del total-, un desafío enorme que la crisis evidenció en toda su crudeza por el deterioro del mercado laboral. A más paro y sueldos más bajos, la recaudación de la Seguridad Social cayó en picado y, de hecho, su desequilibrio presupuestario es uno de los motivos del desfase el pasado año del déficit, un 1,54% del Producto Interior Bruto (PIB) en su caso. Las cosas en este 2016 no parecen que vayan a ir mucho mejor ante la decisión del Ministerio de Hacienda de elevar su previsión para el organismo del 0,3% inicial al 1,1%. La evolución de las cotizaciones sociales le dan la razón. Entre enero y marzo caen un 2,2% en el conjunto del Estado. Otra vez Galicia se sitúa entre las comunidades que superan ese descenso total. La bajada, según el balance de la Seguridad Social, roza el 2,4%. La brecha entre ingresos y gastos sigue agrandándose, hasta el punto de que las retenciones a los trabajadores ya solo cubren en el primer trimestre el 25% del coste de las pensiones en la región.
La factura de las prestaciones por jubilación, viudedad, invalidez, orfandad y en favor de familiares se situó en marzo en 1.566,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% respecto al desembolso de los tres primeros meses del pasado 2015. Galicia tiene 4.600 pensionistas más que hace un año y, pese a que la cuantía media, unos 747 euros, se mantiene muy por debajo de la estatal, de 900 euros, el montante sigue creciendo como consecuencia de los mejores salarios que tienen los que se retiran ahora.
Los pagos por jubilación se elevaron un 3,6%, hasta los 1.107,5 millones; otro 1,6% por viudedad; un 2,1% por invalidez; un 2,2% por orfandad; y un 4,6% las pensiones en favor de familiares. El resto de prestaciones a cargo de la Seguridad Social, en cambio, registran hasta marzo importantes disminuciones en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. El coste global alcanzó los 45,7 millones de euros, un 9,3% menos. Por su relevancia son especialmente significativos los descensos en el abono por bajas laborales, que caen un 3,9%; y en las prestaciones por maternidad y paternidad, un 11% menos, en línea con la variación negativa que están registrando los nacimientos en la región.
El crecimiento sin tregua de los pensionistas choca con los efectos del deterioro del mercado laboral en los recursos de la Seguridad Social. Las cotizaciones suman 401,6 millones de euros en el arranque del año. Por lo que solo contribuyen a abonar uno de cada cuatro euros que se necesitan para las prestaciones y dejan un agujero de momento de 1.160 millones, según la distribución territorial de ingresos y gastos del organismo. Sin que ninguno de los regímenes de afiliación salga de los números rojos.
Y esa es otra novedad. Porque hasta ahora la principal causa de la caída constante de las cotizaciones venía de la aportación de los desempleados. A los que también se les retiene. La recuperación en la colocación y, sobre todo, la reducción de la prestación a partir del sexto mes sin trabajar y la pérdida para los que van más allá de los dos años, recortaron un 9,8%, hasta los 32,1 millones, las cotizaciones de los parados. Pero es que este año también caen las cotizaciones del régimen general, el mayoritario, un 0,6% (301,9 millones) y de los autónomos, un 5,3% menos (57,6 millones). La contención salarial lo explica. Porque Galicia tenía en marzo un 1,5% más de afiliados a la Seguridad Social que un año antes.
Cataluña, la excepción
Únicamente Cataluña es una excepción en la bajada de las cotizaciones en España, con un 0,6% más de ingresos para el organismo que en el primer trimestre de 2015. Las caídas más acusadas son las de la Comunidad Valenciana (8,6%), Andalucía (4,1%), Cantabria (3,6%), Castilla-La Mancha (3,3%) y Asturias (2,4%). A continuación figura Galicia. En Navarra se registra una caída idéntica a la media nacional, del 2,2%. Ya con menores descensos están Extremadura (2,1%), País Vasco (1,9%), Canarias (1,9%), La Rioja (1,7%), Murcia (1,7%), Castilla y León (1,2%), Madrid (0,9%), Baleares (0,9%) y Aragón (0,7%). No deja de ser significativo que este último grupo de regiones, junto con Cataluña, sean precisamente las que mejor se está comportando el PIB.
Del superávit que la Seguridad Social logró entre 1999 y 2010 y ano queda ni rastro. Ni parece tampoco que vaya a darse una etapa próspera en la caja próximamente. El Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a las autoridades comunitarias para corregir el descalabro del déficit contempla que en 2019 el desequilibrio entre gastos e ingresos alcance el 0,9% del PIB.
La decisión de desvincular la revisión de las pensiones del IPC está provocando mientras el estancamiento de las prestaciones que no llegan a 1.000 euros y una pérdida de poder adquisitivo del 3,8% para las de mayor cuantía, según UGT, que ayer advirtió que las pensiones se reducirán entre un 15% y un 25% a corto y medio plazo.
