Dos años y medio después de iniciar el plan de rastreo de bienes ocultos, el Catastro ha concluido ya la revisión en 90 concellos de Galicia con el balance de haber descubierto 105.913 inmuebles y otras construcciones que hasta ahora no estaban declaradas y que, por tanto, tampoco sus dueños pagaban el IBI. Sin embargo, la situación ha cambiado para los propietarios y también para los ayuntamientos, que a partir de ahora verán incrementada la recaudación por este impuesto local. Los casi 106.000 bienes destapados aportarán a las haciendas locales 45,4 millones de euros, de los que 32 corresponden a un recargo puntual por los tres años anteriores que los propietarios no abonaron el IBI -y que no tendrá continuidad en el futuro- y más de 13 millones, que sí se mantendrán, por las nuevas incorporaciones al Catastro con sus respectivos valores.
Según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Hacienda, los inspectores han acabado su plan de revisión en 90 ayuntamientos de la comunidad autónoma, de los que 27 pertenecen a la provincia de Ourense, 24 a la de Lugo, otros 24 a la de A Coruña y 15 a la de Pontevedra: Arbo, Bueu, Campo Lameiro, A Cañiza, Catoira, Covelo, Fornelos de Montes, Meis, Moraña, Pazos de Borbén, Ponteareas, Ponte Caldelas, Salceda de Caselas, Tomiño y Vila de Cruces.
Este plan extraordinario se inició a mediados del año 2013 y el objetivo es regularizar todos aquellos bienes que no figuran en los registros del Catastro, ya sean construcciones de nueva planta, ampliaciones, cambios de uso o reformas que elevan el valor del inmueble. Para ello, se peinarán todos los ayuntamientos en busca de esas edificaciones sin declarar para incorporarlas a la base de datos y, en consecuencia, tener que pagar por ellas el IBI.
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Los inspectores comprobaron, recurriendo a fotografías áreas y recorridos con plano en mano por todas las calles, casi 750.000 bienes inmuebles en estos 90 concellos donde ya se ejecutó el programa y descubrieron irregularidades en el 14,2% (105.913) de las construcciones revisadas, que ahora ya están inscritas en las bases de datos con sus respectivos y actualizados valores catastrales.
En cuatro de cada diez casos la regularización afectó a construcciones de nueva planta, como un garaje, un galpón o un cenador cubierto en una finca. Otro 38% se corresponde con ampliaciones y rehabilitaciones, mientras que en un 18% de los casos, el inmueble fue sometido a una reforma o un cambio de uso que aumentó su valor. Y el 3% restante de los bienes regularizados fueron piscinas que no estaban dadas de altas en el Catastro. Los inspectores, con su peinados de los municipios, descubrieron nada menos que unas 3.200 piscinas construidas en fincas que no estaban registradas en las bases de datos catastrales.
El Ministerio de Hacienda detalló que la regularización supuso un incremento medio del IBI de 126 euros por cada inmueble, a lo que se suma otro cargo por cada uno de ellos de otros 303 euros en concepto de atrasos no prescritos por no haber pagado el impuesto en años anteriores. Con los datos actualizados por el Catastro, los concellos tienen ahora derecho a recaudar en total unos 45 millones de euros adicionales por el IBI.
"No se trata de un procedimiento de valoración al uso, sino de un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados", destaca el Ministerio de Hacienda.
Pero la regularización tiene un coste adicional, de 60 euros por cada bien, que cobra el Catastro y que utiliza para financiar el plan de cribado. Por estos 106.000 inmuebles descubiertos, la arcas del Estado ingresaron 6,3 millones de euros. No se trata de un sanción, sino de una tasa para costear el desarrollo del proceso extraordinario de revisión.
Por esta revisión tienen que pasar todos los ayuntamientos de la comunidad.
