La batalla de transportistas y consumidores contra el antiguo céntimo sanitario, el impuesto cedido a las comunidades que gravaba directamente cada litro de combustible, se acerca a su final. Primero fue el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que hace justo dos años sentenció que la tasa era contraria a la normativa comunitaria sobre los tributos especiales, lo que abrió la puerta a una reclamación en masa de afectados. El Ministerio de Hacienda ciñó las devoluciones a los años no prescritos. De 2010 en adelante. Pero, como ya transcendió a finales de enero, el Tribunal Supremo aceptó los primeros de los 4.000 recursos que se acumulan para acceder también al reintegro de ejercicios anteriores, incluido el presentado por la empresa gallega de autobuses Freire, y el Gobierno deberá asumir la devolución total. Desde su instauración en 2001. El Estado, según el fallo que transcendió ayer, cometió una infracción "suficientemente caracterizada", que es, según el bufete López Abogados, el "requisito esencial" para que exista una indemnización.
El Abogado del Estado intentó frenar la devolución con el argumento de que el impuesto -que el Gobierno transformó en 2013 en un recargo autonómico de Hidrocarburos- fue declarado constitucional y que no concurrían los requisitos necesarios para una responsabilidad patrimonial de la administración. El Supremo sí cree que la infracción está "suficientemente caracterizada" porque cuando entró en vigor el tributo las autoridades españolas eran conscientes de que no se ajustaba a la directiva de la UE. La recaudación carecía de "finalidad específica" -lo mismo que reprochó el TJUE-, pese a que debería haberse destinado a reducir los costes sociales y medioambientales provocados por los combustibles y no la financiación en general de la sanidad de las comunidades, las que fijaban el tipo y recibían la recaudación.
Freire tiene derecho a recibir 73.000 euros. Se estima que hay otros 25.000 litigios pendientes. El reintegro a mayores en Galicia rondará los 100 millones.
