Un relevo en el Gobierno central, siempre que además esté acompañado de un cambio en el partido que lo sustenta, no solo supondrá una sacudida en La Moncloa y las sedes ministeriales, sino que sus consecuencias se extenderán en cascada al resto de los organismos, sociedades y empresas estatales y a la administración periférica del Estado en las distintas comunidades autónomas. De prosperar un Ejecutivo sin las siglas del PP, en el caso de Galicia el proceso de renovación afectaría a más de 200 puestos directivos cuyos cargos dependen, en última instancia, de los inquilinos que ocupen los ministerios. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia y del sindicato CSIF calculan que al menos son unas 200 las plazas en la comunidad autónoma que están ocupadas por cargos de libre designación y que en teoría pueden ser objeto de relevo como consecuencia de la formación de un nuevo Gobierno central. La cifra podría ser incluso mayor, dado que habría que sumar asesores y jefes de gabinete, pero determinar su número exacto resulta muy complicado, dado que los departamentos de la Administración del Estado funcionan de modo independiente y sus políticas de contratación de personal eventual dependen del directivo de turno.
En todo caso y aunque haya un relevo masivo de estos cargos intermedio, la mayoría de las personas que ocupan estos puestos de libre designación seguirá trabajando para la Administración, dado que pertenecen al cuerpo de funcionarios. Simplemente se les cambiará de ocupación y de una responsabilidad que es más técnica que política.
La renovación más importante y de mayor calado político afectará a la Delegación del Gobierno en Galicia. De hecho, su titular, Santiago Villanueva, es el único alto cargo en sentido estricto. Su relevo suele ser de los primeros cuando cambia el partido que sostiene al Gobierno central, dado que es la primera autoridad en la comunidad de la Administración del Estado. Con él se va el secretario general, los cuatro subdelegados provinciales con sus respectivos vicesecretarios generales, los secretarios particulares y el personal eventual asociado a ellos. En total, una treintena de personas.
Pero la renovación no acaba aquí en la llamada administración integrada, la que está bajo el paraguas de la Delegación del Gobierno. También acostumbran cambiar a los responsables de las áreas funcionales, que son una docena por provincia, como Extranjería, Industria y Energía, Alta Inspección de Educación, Sanidad y Política Social, Trabajo e Inmigración o Violencia sobre la Mujer, Otro medio centenar de relevos que en total suman unos ochenta los recambios, según fuentes de la Delegación del Gobierno.
El segundo nivel en el que se producirán sustituciones es en la conocida como administración no integrada, con unos 120 posibles cambios. "Pueden tardar un año o dos, pero se cambian casi todos", asegura Elisa Rodríguez, de CSIF.
El principal exponente en este sector es la Delegación de la Zona Franca de Vigo, al frente de la cual está ahora Teresa Pedrosa. Su relevancia política es similar a la del delegado del Gobierno, por lo que será una de las primeras sustituciones en caso de formación de un nuevo Ejecutivo que no sea del PP.
Pero en términos absolutos, el mayor número de relevos corresponde a la Agencia Tributaria, con una jefatura regional, otras cinco con rango provincial -se incluye Vigo- y unos 110 inspectores de los que el 45% ocupan plaza de libre designación. Los cambios podrían afectar a 46 personas, todas ellas funcionarios de carrera.
También están en el aire los directores de las cinco cárceles y de los tres aeropuertos, dos integrantes de los consejos de administración de cada puerto del Estado, los responsables provinciales de las demarcaciones de Carreteras y de Costas y de las áreas de Hacienda, y los mandos de Tesorería de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Aduanas, Catastro, Policía Nacional, Guardia Civil, Tráfico, CSIC, Instituto Nacional de la Marina, Sepes, Salvamento Marítimo, Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Tragsa, Navantia, Imserso o Capitanías Marítimas.
El puesto de Romay en el Consejo de Estado, en el aire tras 53 años en la esfera pública
- JSi finalmente se produce un cambio de Gobierno en La Moncloa que apee al PP del poder, uno de los cambios que con absoluta seguridad se producirá será el cese del coruñés José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado, cargo al que accedió por última vez en marzo de 2012. Supondrá un nuevo fin de ciclo para el decano de los políticos gallegos, que cumple 53 años ocupando cargos públicos.Romay ya fue presidente del Consejo de Estado entre los años 2003 y 2004 con Aznar en la Moncloa y cesó tras la victoria de Zapatero. Pero ocho años después, Rajoy lo volvió a recuperar para el mismo puesto, cargo en el que permanece y cuyo relevo queda a libre disposición del Consejo de Ministros.El político coruñés, nacido en Betanzos, se inició en la carrera política en 1963 cuando en plena dictadura fue nombrado secretario general de Sanidad. Fue también subsecretario en dos ministerios franquistas, presidente de la Diputación de A Coruña, senador, conselleiro en la Xunta (de Sanidade y de Agricultura), ministro de Sanidad con Aznar, presidente del Consejo de Estado en dos ocasiones y tesorero del PP nacional tras la dimisión de Luis Bárcenas en 2010.
