Frente a los indicios de presunto delito del presidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Manuel Baltar, apreciados por la juez Eva Armesto, el fiscal jefe provincial, Florentino Delgado, sostiene que no hay ni el "mínimo racional" en el recurso en el que pide que se archive la causa. No ve rastro de ilícito penal y deduce que la actuación de la particular, T. F. C., -también investigada por la juez y que fue la mujer que denunció a Baltar por acoso sexual-, "es claramente sospechosa de una venganza por no haber logrado su ilícito e ilegal objetivo, llegando al extremo de la autoinculpación para lograr el avieso fin procesal de instrumentalizar un procedimiento penal".

La instructora suspendió la declaración como testigo de la mujer, prevista para el pasado jueves, y citó a ambos en calidad de investigados (término que sustituye al de imputado). Sospecha que José Manuel Baltar pidió o aceptó un favor sexual a cambio de prometerle un puesto de trabajo. Sin embargo, la visión del fiscal jefe es totalmente opuesta. En un escrito de 3 páginas, con fecha 2 de febrero, se ratifica en el decreto con el que cerró su investigación previa, el 25 de noviembre, y considera que los supuestos hechos son "meras conjeturas" basadas en la "alegación de la denunciante o en meras recreaciones sin constatación".

Sostiene Florentino Delgado que "es obligado tener como norte que la denunciante-investigada quiere obtener una plaza de empleo público en la Diputación de manera ilegal, saltándose los procesos selectivos" y que por eso la lógica lleva a considerar "que no hay indicio delictivo, al menos por parte del denunciado-investigado".

La mujer aportó seis audios grabados en secreto como prueba, donde Baltar le garantizaba que le iba a "solucionar el problema". El barón del PP ni confirmó ni desmintió nunca las grabaciones, al argumentar que pertenecían a la esfera personal y el fiscal jefe dio por buena esta explicación en su investigación previa.

Pero en el recurso contra la decisión de la juez de investigar a Baltar, el fiscal vuelca las grabaciones en contra de la mujer al asegurar que "señala sin rubor ninguno" que su objetivo era entrar enchufada. Según su versión, existía un "pacto" con el padre del actual presidente, de tal modo que Baltar hijo "es una suerte de heredero de ese supuesto pacto, nunca reconocido".

Delgado cuestiona que la mujer no denunciara también al padre, y que la juez no hiciera al respecto "valoración alguna". Si desde que se produjo el pacto hasta el momento de la denuncia, en octubre de 2015, "no ha sido posible determinar un acto, por nimio que sea, que evidencia la voluntad de que se iba a realizar por parte del denunciado la decisión objeto del cohecho, resulta imposible, a juicio del Ministerio Fiscal, inferir ese dato de unas grabaciones aportadas por la parte interesada".

Si el fiscal jefe ya dejó claro al archivar su investigación previa que su labor "no es ser guardián de moralidad alguna", en el recurso ratifica que, en derecho penal, "el pensamiento no delinque". La supuesta sospecha contra el líder del PP de Ourense "no se refleja en acto alguno, salvo que mantener una relación sexual sea un acto sospechoso de cohecho". "No hay indicio de cohecho en el denunciado y, si pudiera existir por propia autoinculpación en la denunciante, dicha conducta más tiene que ver con una sospecha de venganza por verse burlada, que con un indicio serio que un juez deba tomar en cuenta", añade.

El fiscal opina en el mismo sentido sobre el otro posible delito de tráfico de influencias, por el que político y particular serán investigados. No hay delito, según jurisprudencia, cuando incluso una "presión moral indebida" no termine "en una verdadera resolución", concluye.