Trabajadores de la empresa pública Tragsa se concentraron hoy ante el Parlamento de Galicia y denunciaron el despido "injustificado" de 87 empleados en Galicia, donde la compañía tiene una plantilla de unos cuatrocientos operarios.

Decenas de trabajadores de la empresa y representantes de varios sindicatos se situaron frente al Parlamento autonómico para reclamar la readmisión de esas personas despedidas.

El presidente del comité intercentros de Tragsa en Galicia, Luis Rodríguez, indicó a Efe que "no hay causas económicas que justifiquen" esos despidos.

Precisó que en una reunión celebrada a finales del año pasado en la sede de la empresa en Madrid, directivos de Tragsa indicaron que tenían "unos beneficios de más de dos millones de euros", por lo que "las causas económicas no concurren" para proceder a esos despidos, comentó.

Rodríguez alegó, además, que la justificación "organizativa" invocada por la empresa "no se entiende", porque "en Galicia han echado a 87 personas y en otras comunidades han echado a cinco", y opinó que se trata de "criterios políticos".

El representante de los trabajadores señaló que la concentración ante el Parlamento de Galicia pretende reclamar a las autoridades gallegas, que participan en el capital de esa firma pública, su "mediación" con la dirección "para arreglar esta escabechina que han hecho en Galicia".

Subrayó que una obra en el municipio ourensano de Cualedro está pendiente de ejecución por falta de personal de Tragsa, una firma que se dedica a diversas labores de emergencias encomendadas por las administraciones públicas.

"En Ourense han echado a todos los peones", comentó, y preguntó "cómo se va a hacer esa obra".

Tanto Rodríguez como el secretario del comité de empresa, Antonio Ferrero, subrayaron que Tragsa ha tenido un papel determinante en las labores de limpieza de las costas del crudo vertido por el petrolero Prestige, en la lucha contra la encefalopatía espongiforme bovina (conocida popularmente como el 'mal de las vacas locas') o en la extinción de incendios forestales.

En ese sentido, advirtió de que el despido de esos trabajadores atenta contra la organización de la empresa, ya que "desmantelan la estructura necesaria para atender situaciones de urgencia".

Rodríguez subrayó que en caso de una situación de emergencia que requiera a miles de personas, resultaría "imposible" proceder a una "contratación masiva".