Los delitos incoados por corrupción se dispararon un 123% en Galicia el año pasado hasta alcanzar los 412 y solo en siete se dictó sentencia. Es uno de los datos de la memoria de la Fiscalía gallega que el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, presentó ayer en la Cámara autonómica. En su comparecencia en comisión parlamentaria, el fiscal destacó que la "lentitud" de los procesos judiciales en casos de corrupción puede generar "desconfianza" de la ciudadanía hacia el sistema e incluso "una imagen internacional negativa" respecto a la administración de Justicia. Por eso, advirtió de que una sola persona no debe asumir este tipo de investigaciones tan complejas. En esa línea, criticó la figura "decimonónica" del juez instructor y en su lugar apuesta por "grupos de profesionales altamente cualificado" para acelerar los procedimientos. Suanzes insistió en que en los asuntos de corrupción jueces y fiscales precisan la ayuda de expertos por la importancia de las pruebas periciales y la práctica de "numerosas y complejas" diligencias.
El fiscal superior de Galicia reclamó un pacto en Estado en materia de Justicia para dotar de más medios a los juzgados gallegos ya que los ve "insuficientes". Recordó que hay nuevas formas de delincuencia complicadas a las que no acompañó una subida de inversión o medios y tampoco una adecuación a la ley, lo que provoca "retrasos" en algunas investigaciones.
Además de las demoras en los asuntos más complejos, Suanzes lamentó que el sistema judicial se sature "de forma innecesaria" con procedimientos con pocas opciones de prosperar. La reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal ayudará, dijo, a liberar los juzgados gallegos en un 35% al eliminarse la remisión a los juzgados y fiscalías los atestados sobre delitos sin autor conocido.
En su intervención, el fiscal anunció también que en 2016 se iniciará en las fiscalías provinciales la puesta en marcha de oficinas de atención a las víctimas de violencia de género.
