La Lei de Transparencia e Bo Goberno de la Xunta se aprobará de forma definitiva el próximo miércoles en el Parlamento gallego. Se trata de una de las pocas normas legales que si bien no ha generado consenso, al menos tampoco ha suscitado el rechazo frontal de la oposición, que de hecho se ha abstenido en la votación del dictamen que recoge todas las modificaciones introducidas durante el debate en comisión parlamentaria. Una de las razones es que el PP ha aceptado buena parte de las enmiendas presentadas por la oposición y entre ellas figura una propuesta, que se ha incorporado a la nueva ley, que prohibirá a los altos cargos de la Xunta tener fondos, activos financieros o valores negociables en países o territorios considerados paraísos fiscales por la regulación estatal.
Guardar dinero en estas cuentas no es delito, como tampoco lo es tenerlo en cualquier otro territorio que no sea España. Lo sería si el titular de la cuenta no tributara por los rendimientos de esos fondos o activos financiero, por lo que la Lei de Transparencia va más allá de la exigencia de la normativa estatal. Desde el PPdeG se argumenta que, en el caso de Galicia, se trata de elevar a rango de ley un "comportamiento ético" que se debe suponer a los altos cargos de la Administración autonómica. "Es uno de los cambios más significativos introducidos durante la tramitación parlamentaria", destaca la diputada del PP Paula Prado.
La propuesta inicial, más rigurosa, era del BNG, pero el PP la aceptó tras negociar con los nacionalistas una redacción más comedida del artículo, que se incorporará ahora como 42 bis. Tal como se aprobará el miércoles en el Parlamento, los altos cargos de la Xunta no podrán tener cuentas bancarias en paraísos fiscales durante el ejercicio del puesto ni durante los dos años siguientes a su cese, ni de forma directa ni a través de personas interpuestas o empresas.
En el caso de disponer de dinero en alguno de los países que España considere paraísos fiscales, los altos cargos deberán ponerlo en conocimiento de la comisión encargada de supervisar las incompatibilidades y "comprometerse a transferirlos a entidades o intermediarios financieros con residencia fiscal en países o territorios que no tengan dicha cualificación".
La propuesta original del Bloque era mucho más exigente, pues quería extender la prohibición a los diez años siguientes al cese del alto cargo y además exigía el cese inmediato el alto cargo en caso de incumplir la norma.
Publicación de la agenda y de los objetivos de los viajes institucionales
- Entre las enmiendas aceptadas por el PP también figura una del PSOE por la que la Xunta tendrá que publicar en su página web la agenda de los viajes institucionales de los conselleiros y altos cargos, así como los objetivos de estos desplazamientos. Hasta ahora, esta información solo se remitía al Parlamento y no de forma continua.En el mismo formato el Gobierno gallego deberá hacer públicas las autorizaciones para el ejercicio de los altos cargos de una actividad privada tras su paso por la Administración autonómica. Y también las modificaciones presupuestarias que apruebe cada mes.Otras novedades introducidas durante la tramitación parlamentaria es la eliminación de un límite en las sanciones a las empresas con contratos públicos que se nieguen a dar información a la Xunta o la obligación de elaborar un informe anual con las estadísticas de los datos que reclaman los ciudadanos y las respuestas.
