Casi cinco años después de su inicio, la operación Pokemon que desde 2011 instruye la juez de Lugo Pilar de Lara, el caso estalla en Pontevedra. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha autorizado a Vigilancia Aduanera (SVA) a investigar la actividad económica y fiscal del alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores y otros miembros de su gobierno local, en relación a las investigaciones que realiza sobre los contratos obtenidos por la empresa Aquagest en el municipio. A raíz de este auto, dictado el pasado martes, el SVA desembarcó ayer en las oficinas municipales para recabar toda la facturación del Concello con esa empresa desde 2009 hasta ahora.
Según la agencia Europa Press, Vigilancia Aduanera llegó a proponer a la instructora de la operación Pokemon, que investiga un macrocaso de supuesta corrupción en toda Galicia, que llame a declarar a Lores y a otros miembros de la corporación local a los juzgados de Lugo, aunque por el momento, De Lara únicamente ha autorizado a seguir las investigaciones.
Además de dar luz verde a las investigaciones sobre los datos fiscales y económicos del regidor pontevedrés, también autoriza que se acceda a los datos fiscales del portavoz del gobierno local, Raimundo González Carballo, así como el que fue concejal del PSOE de Obras en el Rural José Manuel Valcárcel hasta 2011. Asimismo, también se investiga a varios funcionarios municipales.
El primer paso de estas pesquisas se dio ayer. Dos agentes del SVA, apoyados en algunos momentos por otros cinco funcionarios, recabaron durante horas cientos de expedientes y miles de documentos relacionados con obras de esta firma de aguas, pero también reclamaron toda la facturación del Concello desde 2009 con la empresa pontevedresa de autobuses Viuda de Cándido. La operación se desarrolló también en dos municipios asturianos, Oviedo y Salas.
Los funcionarios llegaron al Concello a las diez de la mañana con la resolución de Pilar de Lara y se dirigieron a los servicios de Intervención y Contratación para solicitar toda esa documentación dentro de las diligencias 337/2014, una pieza separada (la cuarta) de la Pokemon, y relativa exclusivamente a Aquagest. Este registro por orden judicial es el segundo que se realiza en las oficinas municipales de Michelena 30, tras el llevado a cabo en febrero de 2014 en el marco de la operación Patos, con las empresas Eiriña y Cespa en el foco de un juzgado vigués.
En el marco de esta investigación de la juez De Lara, y en lo que se refiere a la pieza vinculada a Aquagest, la magistrada recuerda en su auto que, de las averiguaciones realizadas hasta ahora por Vigilancia Aduanera, se deduce, al menos de forma indiciaria, que la empresa, del grupo Aguas de Barcelona (Agbar), a través de sus responsables, "realizaría presuntamente sobornos en sus distintas modalidades (supuestas entregas de dinero, regalos, contratación de trabajadores) con la finalidad de captar autoridades políticas y funcionarios en distintos organismos públicos y, así, conseguir en un futuro adjudicaciones".
