Las reiteradas solicitudes de suspensión de interrogatorios por parte de los imputados en la trama de corrupción destapada en la Operación Patos, que aducen no haber tenido acceso o tiempo para escuchar los audios de las grabaciones telefónicas completas -aunque gran parte de las transcripciones figuran en la causa-, llevó ayer a la magistrada de Instrucción 7 de Vigo, Carmen García Campos, a dictar una providencia en la que ofrece suspender todas las declaraciones señaladas para este mes de noviembre que se interesen por los afectados.
La medida afecta a la mayoría de los 33 encausados, pues se dirige a quienes fueron imputados una vez levantado el secreto de sumario, -políticos, funcionarios, técnicos y asesores- y tuvieron que personarse a mediados de octubre. La juez excluye expresamente a los tres detenidos e imputados en febrero de 2014, cuando explotó la operación pues están personados con abogado desde entonces y han tenido más tiempo que el resto para acceder a la documentación. Este es el caso del empresario Alonso Pais, dueño de la constructora Eiriña y considerada epicentro de la trama de amaños de adjudicaciones de obras públicas, así como a Jaime Alvariñas, director general de la firma y a Juan Ramón Alonso, extécnico de Cespa, la otra empresa implicada.
Jaime Alvariñas y Juan Ramón Alonso comparecieron ayer, por separado, ante la magistrada García Campos. Sus abogados alegaron que no habían dispuesto de tiempo suficiente para analizar las escuchas telefónicas y solicitaron la suspensión de las declaraciones, que no fue aceptada. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar, como hizo el pasado 30 de octubre Alonso Pais que abrió la ronda de comparecencias de la Operación Patos. Alvariñas y Alonso, por separado, apenas permanecieron diez minutos en la sala de interrogatorios en la que estaban presentes, además de sus letrados, el fiscal de Delitos Económicos de Vigo, el abogado del colectivo Xuntos que ejercita la acción popular tras depositar 6.000 euros de fianza y una decena de abogados de otros imputados.
Mientras, en el Juzgado de Instrucción 7 seguían llegando peticiones de suspensión de los interrogatorios, así como nuevos personamientos o cambios de letrados. A última hora de la mañana, la magistrada dictaba la providencia que permite suspender las declaraciones de aquellos que fueron imputados una vez alzado el secreto de sumario, la mayoría de los investigados. Una situación, subraya, "diferente a la de aquellos que ya estaban personados en virtud de su detención en el año 2014".
La juez Carmen García Campos da un plazo de cinco días a quienes quieran solicitar la suspensión de declaraciones previstas para este mes de noviembre y advierte que se mantendrán todos los interrogatorios que no se pidan en dicho periodo. Resalta que también se mantendrán las declaraciones señaladas ya para diciembre y meses sucesivos al considerar que todos los imputados habrán tenido para entonces tiempo sobrado para solicitar las copias de las escuchas telefónicas. En este sentido, la magistrada recuerda que los letrados deberán presentar un disco duro externo con capacidad de al menos 100Gb dado los centenares de horas de grabación a los imputados, que se prolongaron durante muchos meses.
Ya se han pospuesto a febrero las declaraciones del expresidente de la Diputación, Rafael Louzán; su exvicepresidente, Chema Figueroa y la exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, que debía comparecer hoy aunque se pospuso al día 10 por un viaje y que ahora podría volver a cambiar de fecha. De momento se mantienen para noviembre las declaraciones de Abel Caballero y los ediles Isaura Abelairas, David Regades y Ángel Rivas.
