El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha levantado el veto a la línea de préstamos para pymes acordada con el Igape mediante dos convenios en los años 2007 y 2009 y que quedó paralizada en el otoño de 2012 tras destaparse irregularidades en la concesión de ayudas por parte de este instituto económico al entramado de empresas de Jorge Dorribo en el marco de la llamada Operación Campeón. Las sospechas en el uso de estos fondos públicos motivaron al BEI a cerrar el grifo a la Xunta justo en los años en los que más arreciaba la crisis y más asfixiadas estaban las empresas por la falta de crédito. De los 230 millones de euros acordados por convenio, quedaban pendientes de desembolso 135. Ahora tres años después la UE desbloquea estos fondos, lo que ha permitido al Igape poner a disposición de las pymes los primeros 23 millones de euros.
Según recoge el Diario Oficial de Galicia, se abre el plazo para que las pymes gallegas vinculadas al sector industrial puedan solicitar un préstamo del Igape tanto para financiar circulante como nuevas inversiones. Tendrán hasta mayo de 2016 para pedir este crédito."Se trata de fortalecer la estructura financiera de las pymes y de que ganen tamaño, así como fijar tejido industrial y crear empleo", explican desde la Consellería de Economía.
Fue el pasado 25 de julio cuando el BEI acordó levantar el veto al Igape y dar luz verde a los 135 millones de euros que quedaron pendientes de desembolso. Este dinero forma parte del contrato de financiación suscrito entre el Banco Europeo de Inversiones en 2007 por un importe de 30 millones de euros que se completó en 2009 con otros 200 millones de euros adicionales. De este dinero se invirtieron 65 millones hasta que irrumpió el caso Campeón que costó el puesto al entonces director del Igape y también al subdirector de Información.
Las irregularidades detectadas en la concesión de ayudas a las empresas del lucense Jorge Dorribo motivaron una investigación por parte del BEI, que pidió a la Xunta información sobre el destino de 45 millones de euros en préstamos recibidos por un total de 29 empresas entre los ejercicios 2009 y 2010. Este organismo llegó a enviar a una inspectora a la sede del Igape en mayo de 2011. Y desde 2012 bloqueó la financiación de los 135 millones de euros de la línea de préstamos a pymes que quedaban pendientes de invertir.
El veto del BEI coincidió con el ajuste presupuestario en las cuentas públicas lo que mermó notablemente los fondos del Igape, que llegaron a reducirse a la mitad justo cuando las empresas más necesitaban del apoyo de la Administración tras cerrar la banca comercial el grifo del crédito. El informe editado por Afundación sobre "A Economía Galega 2014" advertía precisamente del contratiempo que supuso para el Igape que el BEI suspendiese su línea de financiación. "Se produce en el peor de los momentos", alertaban.
Finalmente el BEI decidió este año liberar estos fondos, lo que ha permitido a la Xunta sacar ya la primera convocatoria de préstamos. Están dirigidos a empresas con menos de 250 empleados, con la única excepción de las firmas vinculadas a la industria del automóvil que no tendrán por qué cumplir con este límite.
Se concederán dos líneas de préstamo. Uno será de apoyo al capital circulante que incluirá el pago a proveedores para obtener mercancía, a acreedores por la prestación de servicios, abonar arrentamientos o suministros, gastos de personal, impuestos y tributos, gastos financieros o primas de seguros para cubrir riesgos asociados a la actividad empresarial. El importe mínimo del crédito oscilará entre los 150.000 euros y los 500.000 y tendrán un plazo de cinco años para amortizarlo.
La otra línea de préstamos es para acometer nuevas inversiones para la ampliación o mejora de las instalaciones existentes. Se financiarán proyectos cuyo importe oscile entre los 150.000 euros y los 25 millones de euros y la cuantía del préstamo no superará en ningún caso el 50 por ciento del total de la inversión. Podrán devolverlo en un plazo de hasta doce años.
Se aplicará un tipo de referencia para pagar el préstamo de 0,187 puntos más un tipo adicional que oscilará entre el 0,6 por ciento y el 4 por ciento en función de la solvencia económica de la empresa y el nivel de riesgo.
En cuanto a los mecanismos de control para evitar que se repitan irregularidades como las del caso Campeón, la Xunta aclara que "evalúa de forma continuada sus programas y procedimientos internos para un mejor control de riesgos".
