La Xunta puso ayer números al complicado proceso, abierto tras la última reforma de la Ley de Costas, para legalizar los núcleos marineros que están fuera de la ordenación urbanística municipal y, por ello, sometidos a unas condiciones muy restrictivas que bloquean su desarrollo y hasta la reformas en las viviendas que contienen. Al hecho de que solo 46 concellos presentaran solicitudes para regularizar estos asentamientos -por lo que un 40% se desentendió del problema- se supo ayer que el Ministerio de Ambiente solo aceptó, al menos de momento, un 10% de las propuestas de legalización de los ayuntamientos. De un total de 142 peticiones tramitadas para sacar a estos núcleos de población de la alegalidad, Costas solo emitió un pronunciamiento favorable para catorce, nueve de ellos en la provincia de Pontevedra y otros cinco en la de A Coruña, según informó en comisión parlamentaria la secretaria xeral de Urbanismo de la Xunta, Encarna Rivas.
Estos catorce asentamientos que pasarán a integrarse en la disciplina urbanística ordinaria tras recibir el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente se reparten entre seis ayuntamientos. En Marín han pasado el filtro Aguete Sur, Loira, Tesoira y Casás; en Nigrán, A Golada y Prado-Patos; en Gondomar, Castro; en O Rosal, As Eiras; en Baiona, Rocamar; y en Muros, el único concello de A Coruña que por el momento ha obtenido éxito, A Bornale-O Cruceiro, Surribos, A Viña, A Robaleira y Valdexería.
En sus cálculos iniciales, cuando la reforma de la Ley de Costas abrió la puerta al proceso de regularizaciones, la Xunta estimaba que unas 255 poblaciones con 12.500 viviendas se podían beneficiar. Pero sus cifras han resultado muy optimistas. Sobre todo porque un 40% de los concellos afectados no ha movido ficha a pesar de que tuvieron dos años de plazo para. Solo 46 ayuntamientos presentaron solicitudes si bien once aún están pendientes de la evaluación del ministerio mientras que en 35 ya se han resuelto los expedientes, que afectan a 142 asentamientos.
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Cuando se aprobó la Ley de Costas de 1988, los ayuntamientos tuvieron la posibilidad de regularizar los núcleos marineros que, sin pertenecer a suelo urbano, estaban ubicados en la franja de cien metros de tierra a contar desde la orilla del mar. Bastaba con que acreditaran que existían antes de este año. Pero no lo hicieron, por lo que quedaron en situación de alegalidad y rigiéndose por las normas más estrictas de Costas, de tal forma que en esos asentamientos no se pueden realizar desarrollos urbanísticos ni de infraestructuras y en las viviendas únicamente se permiten reformas básicas de mantenimiento, pero tras superar una compleja tramitación administrativa. Todo ello complica además cualquier operación de compra-venta.
De los 35 concellos que solicitaron regularizaciones y cuyos expedientes ya se han resuelto, quince pertenecen a la provincia de Pontevedra (Baiona, Catoira, Gondomar, A Illa, Marín, Meaño, Nigrán, O Grove, O Rosal, Pontevedra, Sanxenxo, Vigo, Soutomaior, Vilaboa y Vilanova), que propusieron legalizar 53 núcleos -nueve ellos fueron aceptados-. Otros 18 son de A Coruña (Ares, Boiro, Camariñas, Carballo, Cedeira, Fene, Ferrol, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica, Miño, Mugardos, Muros, Outes, Padrón, A Pobra y Ribeira), que plantearon 87 núcleos marineros; y solo dos son de Lugo (Cervo y Xove) que solicitaron la regularización para dos asentamientos.
Ocho de estos ayuntamientos han presentado alegaciones ante la negativa del ministerio a reconocer algunos asentamientos, por lo el pronunciamiento de Medio Ambiente aún no es definitivo.
Y otros once concellos (A Guarda, Cangas, Oia, Poio, Redondela, Arteixo, Neda, Valdoviño, Barreiros, O Vicedo y Viveiro) están pendientes de que Costas dictamine sobre sus propuestas porque las presentaron justo antes de terminar el plazo y todavía no ha tenido tiempo de revisar toda la documentación.
