La Xunta cerrará este año de forma definitiva 34 minas repartidas por las cuatro provincias. Nunca más volverán a sacarse a concesión ni volverá a extraerse de ellas ningún material. Cada cierto tiempo la Consellería de Industria revisa las actividades mineras y a las canteras que encuentra abandonadas y sin posibilidades de resultar productivas les echa el cierre. En este año el plan afecta a 34 explotaciones, de las que once están ubicadas en la provincia de A Coruña, diez en la de Pontevedra, otras diez en la de Ourense y tres más en la de Lugo.
Para ello dispone de un presupuesto de 800.000 euros. Con estos fondos se financiarán las vallas de seguridad y el tapado de los pozos -cuando sea necesario-, pero sobre todo, le recuperación de la cubierta vegetal para devolver su apariencia natural al suelo. "El objetivo es alcanzar la correcta restauración de los terrenos, contribuyendo a su puesta en valor al garantizar la adecuación de los espacios tras la finalización de las labores", explica la Consellería de Industria.
En teoría es la empresa adjudicataria de la concesión la que tiene que encargarse de recuperar la tierra, pero no siempre sucede, bien porque la firma ha quebrado o directamente porque se ha desentendido de su obligación. Y cuando pasa esto, la Xunta pasa a la vía ejecutoria.
Esto es precisamente lo que ha sucedido hace dos semanas con tres minas. En dos de los casos, en Crecente y en Campo Lameiro (Pontevedra), ante la imposibilidad de localizar a la empresa para requerirle que cierre la explotación en condiciones, la Consellería de Industria ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa subsidiaria para realizar la clausura de ambas minas que se encuentran en estado de abandono. Los gastos los asumirá la Xunta, pero con la intención de posteriormente repercutir el coste en las concesionarias.
El tercer de los casos afecta a una explotación en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), a la que la Consellería de Industria había dado un plazo de diez días para presentar el proyecto de cierre de la mina. En caso de no hacerlo, entonces será la Administración autonómica la que finalmente asuma las labores de restauración, para luego intentar trasladarle también los gastos a la empresa.
"El Gobierno gallego apuesta por un aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales mineros disponibles en la comunidad autónoma, que incluye tanto la correcta explotación de los mismos como su posterior adecuación y puesta en valor", argumenta la Consellería de Industria sobre su plan de recuperación de espacios mineros.
