Desde la oposición hasta el Valedor do Pobo venían denunciando desde hace tiempo los retrasos en la tramitación de las ayudas sociales y ahora la Consellería de Traballo le pone cifras al evaluar la aplicación de la Lei de Inclusión Social en Galicia. Las personas que solicitan el Risga tuvieron que esperar de media 6,8 meses (205 días) en 2014 para recibir una respuesta y empezar a cobrar la prestación, un plazo que supera ampliamente el límite fijado por ley de dos meses. Mientras que los gallegos en grave situación de emergencia social que pidieron una ayuda de inclusión aguardaron casi seis meses de media (171 días), el triple de lo establecido legalmente. Con la crisis y el empeoramiento de las condiciones económicas de los gallegos se dispararon los expedientes que llegaron a la Xunta demandando una ayuda. Y la tramitación se ralentizó. El pasado año se cerró dejando sin resolver una de cada cuatro solicitudes (3.363 casos).
La Consellería de Traballo alega que la entrada en vigor el pasado año de la Lei de Inclusión Social complicó la tramitación de las ayudas y defienden que "ahora mismo se están cumpliendo de media el plazo de los dos meses".
Los retrasos, sin embargo, ya venían de atrás puesto que se arrastran solicitudes sin resolver de un año para otro. Así, en 2014 entraron 10.595 nuevas peticiones de ayudas sociales, a las que se sumaron 3.324 que quedaron pendientes del año anterior. Y los técnicos de los servicios sociales solo pudieron dar respuesta al 73,6 por ciento de estas demandas, dejando de nuevo pendiente otras 3.663 solicitudes (el 26 por ciento) que tuvieron que ser retomadas este año. Tal y como refleja el informe del departamento de Beatriz Mato, se trata del porcentaje más bajo de resolución de expedientes desde 1994, lejos de años en los que se lograba cerrar el año tramitando el 90 por ciento de las solicitudes de ayudas que llegaban a la Xunta.
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"Se empezó a aplicar una nueva normativa, que siempre deriva en una cierta complejidad inicial cuando se lleva a la práctica. También supuso el aprendizaje de un nuevo sistema informático, lo que también aumentó esas dificultades iniciales en la resolución", defienden desde el departamento de Beatriz Mato.
Provincias
La provincia de Pontevedra fue además la más afectada por los retrasos en la tramitación de estas ayudas sociales. La demora se elevó hasta los 222 días para poder cobrar el Risga o los 212 días para una ayuda de emergencia social. En Lugo la espera fue de 208 días para la renta de integración social y 127 para conseguir una de las prestaciones puntuales para casos de especial gravedad. En A Coruña el plazo fue de 199 días y 208 días, respectivamente, y en Ourense, de 179 y 84 días.
En cualquier caso, por primera vez el pasado año desde el inicio de la crisis se redujo el número de solicitudes de ayudas sociales. Tras dispararse un 60 por ciento en cinco años y alcanzar un total de 12.461 en 2013, la cifra de peticiones se rebajó a 10.595 el pasado año, un 15 por ciento menos. La disminución afectó tanto al Risga que recibió 6.500 solicitudes, 1.196 menos que el año anterior, como a las ayudas de inclusión social que fueron demandadas por 4.087 gallegos frente a los 4.757 de 2013.
No todas estas solicitudes terminan siendo aprobadas. De hecho, solo se conceden ayudas al 56 por ciento de los solicitantes, al 34 por ciento se le deniega y además hay un porcentaje cercano al 10 por ciento que acaban siendo archivadas. El motivo más habitual para rechazar la demanda de ayuda (en un 25,5 por ciento de los casos) es que el solicitante supera el tope de ingresos.
Según consta en el informe de la Consellería de Traballo, al final estaban en nómina en 2014 un total de 9.175 beneficiarios del Risga, menos que los 9.300 del año anterior. Estas personas perciben de media una cantidad mensual de 393 euros. La Xunta explica que ha desembolsado 44 millones de euros para abonar estas prestaciones. Además Traballo tuvo que pagar dos millones de euros en atrasos, puesto que la aplicación de la nueva ley obliga al Gobierno gallego a abonar las cuantías con efecto retroactivo a los solicitantes desde el momento en que presentan completa toda la documentación.
En cuanto a las ayudas de inclusión social, que son puntuales y se conceden para atender casos de grave emergencia social, el pasado año se concedieron 2.814 por un importe medio de 1.092 euros.
Más de ochocientos gallegos recurrieron ante Traballo la resolución de las ayudas.
