La Xunta impondrá multas de entre 300 y 3.000 euros a las entidades financieras que no censen en el registro autonómico sus viviendas vacías, que serán destinadas, si se alcanza un acuerdo, a las familias en riesgo de sufrir un desahucio. Así lo contempla el anteproyecto de decreto que crea el primer censo de estos pisos, en el que banca, Sareb y fondos de riesgo, así como sus filiales inmobiliarias, estarán obligados a incluir sus activos en los concellos que superen los 10.000 habitantes, siempre que no existan inquilinos en ellos.
La Consellería de Medio Ambiente prevé que el Consello de la Xunta apruebe esta norma durante el último trimestre del año, por lo que estaría plenamente operativo a partir de 2016, reconocen fuentes del departamento dirigido por Ethel Vázquez.
El decreto regula la medida anunciada hace una semana por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para paliar los desahucios, tanto en casos de ejecuciones hipotecarias como de impagos de alquiler, dentro de un plan social ideado tras el batacazo del PP en las elecciones municipales del pasado 24-M, en el que perdió casi 190.000 votos, tres ciudades y dos diputaciones provinciales.
"No podemos darnos por satisfechos si una sola familia corre el riesgo de perder su vivienda", declaró Vázquez, que estuvo acompañada por el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García.
Una vez entre en vigor el decreto, la banca dispondrá de seis meses para inscribir sus pisos vacíos nuevos y cuatro para los ya construidos. Además, también se permitirá la inscripción voluntaria en el registro de particulares.
Condiciones sin cerrar
Las condiciones para acceder a este salvavidas para quien puede perder su vivienda serán concretadas con acuerdos con cada entidad de crédito, según explican desde Medio Ambiente. La semana pasada, el Ejecutivo y Abanca cerraron un pacto mediante el cual podrían mantener su vivienda familias con una renta inferior a 2.130 euros mensuales que no pudiesen pagar su hipoteca. Mantendrían su vivienda durante un máximo de tres años en régimen de alquiler social que abonarían entre Abanca y la Xunta, que aportaría 75 euros. Los beneficiarios no tendrían que pagar nada de renta.
La norma también abre la posibilidad de que los pisos puestos censados en este registro puedan incorporarse a la bolsa de viviendas del IGVS para venderlos o alquilarlos a precio tasado por la administración. Además, en función de la demanda, Medio Ambiente podría obligar a censar también los pisos vacíos en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el 18,6% de las viviendas de la comunidad está vacía, lo que supondría 299.400 pisos, si bien Vázquez matizó ayer que estos datos incluyen incluso aquellos que están en ruinas.
