El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por la Xunta contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de junio de 2012 en la que anulaba la resolución del 7 de agosto de 2009 por la que el Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo suspendió el concurso eólico aprobado por el bipartito --tras recurso de la concursante Aucosa Eólica, que fue la segunda mayor adjudicataria--.
De ello ha informado AGE este lunes en un comunicado, en el cual exige a Feijóo que "asuma responsabilidades políticas" después de que el Supremo haya ratificado la sentencia del TSXG que consideraba ilegal la supensión por parte del Gobierno popular de ese concurso.
En 2013, el Supremo ya había desestimado parte del recurso de casación que había presentado la Xunta de Galicia contra el fallo del TSXG en el que declaraba la anulación de la suspensión del concurso eólico del Gobierno bipartito --PSdeG y BNG--. Concretamente, no apoyaba los argumentos con los que el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo quería defender su decisión, lo cual ahora ratifica.
El 24 de junio de 2012 el alto tribunal gallego dictó sentencia en la que estimaba el recurso de Aucosa Eólica, que presentó una demanda como perjudicada por la paralización del concurso del gobierno anterior.
En esa sentencia del TSXG, se declaraba la "anulación" de la resolución del 7 de agosto de 2009 que dictó la Consellería de Economía e Industria, entonces dirigida por Javier Guerra, a propuesta del director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces.
La sentencia del TSXG anulaba la decisión de la Xunta de suspender el concurso del bipartito y advertía de que había incurrido en "desviación de poder" al dejar en suspenso el concurso eólico, si bien hay otros fallos del alto tribunal gallego que sí ratificaron la actuación del Ejecutivo autonómico.
IMPORTANTES CONSECUENCIAS PATRIMONIALES
En este sentido, el diputado de AGE Antón Sánchez ha advertido de las consecuencias de esta decisión para la Xunta en forma de "cuantiosas responsabilidades patrimoniales e indemnizaciones económicas", no solo para la empresa recurrente del concurso, sino que "se abre la posibilidad de que todas las empresas participantes en el concurso anulado presenten reclamaciones".
A este respecto, denuncia que la decisión de los populares al llegar a la Xunta en 2009 "además de suponer la parálisis del sector, puede costar caro a los gallegos debido a la probable exigencia de responsabilidades patrimoniales de las empresas participantes en el concurso".
