El Tribunal Supremo acaba de dar un varapalo a la Audiencia Provincial de Lugo por absolver, en junio del pasado año, a los 23 procesados por la trama de la retirada de multas de tráfico ya que consideró que las pruebas estaban invalidadas por errores en la instrucción dirigida por la juez Estela San José. En un fallo del pasado mes y dado ayer a conocer, el Supremo anula la sentencia absolutoria y ordena a la Audiencia de Lugo que redacte una nueva dando por válidas todas las pruebas, ya que el alto tribunal no encuentra razón alguna para que se consideren nulas. Pero el Supremo también da un severo correctivo a la instructora de la causa por no derivarla a otro juzgado -ya que surgió de una operación judicial distinta y a eso se aferró la Audiencia para declarar la absolución- y plantea investigarla por la vía penal.
En la sentencia del 20 de junio, la Audiencia de Lugo absolvió a los 23 procesados por participar en una supuesta trama para la retirada de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico, todos ellos acusados de delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. En la lista de imputados figuraban el exsubdelegado del Gobierno en Lugo Jesús Otero (PSOE) -que dimitió del cargo tras verse implicado-, el entonces jefe provincial de Tráfico Julio González, la jefa del negociado de sanciones, María Consuelo Fernández, diversos particulares, agentes de policía y cargos políticos, como el exconcejal de Tráfico de Lugo José Rábade Arias (PSOE), el alcalde de Muras, Issam Alnagm (PP), el exregidor de Meira Antonio de Dios (Independiente), o el exdelegado de Cultura en Lugo Juan José Molina (BNG). El fiscal también acusó al diputado autonómico del PSOE José Ramón Val, pero al ser parlamentario su causa se derivó al Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), que este año la sobreseyó por no hallar indicios de delito.
La Audiencia de Lugo entendió que Estela San José como juez instructora conculcó el llamado derecho constitucional al juez predeterminado y que esa infracción conllevaba la nulidad de todas las actuaciones y las pruebas procedentes de las intervenciones telefónicas y registros. El fallo de la juez habría consistido en no derivar el caso de la trama de las multas, que tuvo su origen en una investigación por tráfico de drogas, a otro juzgado mediante el sistema de reparto interno. Y a este supuesto error en el procedimiento se aferraron las defensas en sus recursos y la Audiencia de Lugo para absolver a todos los procesados basándose en la nulidad de todas las pruebas.
Derechos sin vulnerar
La absolución fue recurrida por el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo dictó sentencia al respecto el pasado 23 de abril. Si bien es cierto que admite fallos en el procedimiento de la juez instructora por no someter a reparto la causa, el alto tribunal determina que las pruebas son perfectamente válidas al igual que el juicio y que por tanto los mismos magistrados que de dictaron la primera sentencia deben deliberar y redactar una nueva, porque la instrucción se hizo de manera correcta y no se violó el derecho constitucional del juez predeterminado.
"En consecuencia, la infracción de normas de reparto no puede conducir a declarar la nulidad de las pruebas practicadas y, en general, de la totalidad de la instrucción en la que no se advierte vulneración de derechos fundamentales".
La sentencia del Supremo cuenta con el voto particular del magistrado Luciano Varela, que si bien apoya también que se debe anular la sentencia absolutoria, considera que toda la instrucción quedó invalidada por el comportamiento de Estela San José, por lo que aboga por remitir la causa a los juzgados de instrucción de Lugo, en vez de la Audiencia Provincial, para someterlo a reparto e iniciar el procedimiento desde el principio "con un juez competente e imparcial".
A Estela San José se le vino abajo otra instrucción. Fue la llamada operación Rei, en el Concello de Castro de Rei, con ocho procesados por prevaricación y tráfico de influencias que resultaron absueltos por no someter la causa a reparto. Y el fantasma de la anulación también alcanza a la Pokemon, dirigida por Pilar de Lara, que nació de una operación contra la prostitución y derivó en la mayor investigación contra la corrupción, siempre bajo la misma juez.
