El juez de instrucción, Leonardo Álvarez, ha imputado a nueve ediles y exconcejales de PSOE y BNG que participaron en dos juntas de gobierno del Concello ourensano en 2007 y 2009 en relación a la decisión de legalizar una urbanización y un parking con sentencia de derribo y pagar una indemnización de 358.000 euros de forma presuntamente irregular a una de las afectadas. Se les achacan supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Ésta sería la segunda imputación en bloque al gobierno de Ourense, que ya está siendo investigado por la presunta adjudicación a dedo de unas obras en la calle Bedoya.
Entre los imputados, que tendrán que comparecer ante el juez el 17 y 18 de septiembre, se encuentran el actual regidor Agustín Hernández, que suma así ya su tercera imputación, y el exalcalde Francisco Rodríguez, que está siendo investigado en cuatro causas distintas.
En las diligencias judiciales relacionadas con la legalización de esta urbanización de la Plaza de San Antonio de Ourense ya habían sido imputados con anterioridad la edil de Urbanismo, Áurea Soto y su abogado, Carlos Hernández.
El caso que se investiga arranca en 2007 cuando en una junta de gobierno del concello se acordó legalizar las licencias de obra, ejecución y ocupación de una urbanización en una céntrica plaza, incluyendo el aparcamiento subterráneo, explotado por una empresa privada.Este complejo residencial tenía sentencia firme de derribo por parte del Tribunal Supremo.
Posteriormente, en 2009 otra junta de gobierno aprobó indemnizar con 358.000 euros a una particular que había pleiteado por las licencias.
Los imputados, en esta ocasión, son los mismos que los investigados por la presunta adjudicación a dedo de las obras de reforma de la calla Bedoya, con la añadidura de la edil de Educación, Ana Garrido.
Además del actual alcalde, que entonces era edil de Hacienda, y del exregidor Francisco Rodríguez deberán comparecer ante el juez el exteniente de alcalde del BNG, Alexandre Sánchez Vidal; el exedil de Medio Ambiente, Demetrio Espinosa; la edil de Benestar, Marga Martín (acumula tres causas penales);así como los exconcejales del BNG, Isabel Pérez, Andrés García Mata y Marta Arribas.
Según las sentencias en contra, el subsuelo de esta urbannización era de dominio público y toda actividad lucrativa, por lo tanto, debería someterse a concesión. Sin embargo, Áurea Soto y su abogado externo Carlos Hernández consideran que las licencias estaban correctamente otorgadas, basándose en un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El letrado hizo un informe jurídico para avalar la legalización. El gobierno argumenta, en todo caso, que actuó en la junta siguiendo otro informe de técnicos, también a favor. Además derribar el complejo costaría a las arcas municipales 40 millones de euros.
