Con la entrada en vigor ayer del cambio de reglas en la retribución de la electricidad procedente de las fuentes renovables, el Ministerio de Industria tiene abierta la puerta ya a la aprobación de la también polémica orden que fija, tecnología por tecnología, el escenario en el que quedan tras el fin de las primas. El borrador avanzó la supresión de todo tipo de subvención a aquellos parques eólicos anteriores a 2005, lo que afecta de lleno a los promotores gallegos. La comunidad fue pionera en el aprovechamiento del viento y la mayoría de instalaciones son previas a esa fecha. Así que las empresas se prepara para "los efectos devastadores" de la reforma energética, con el recorte de gastos como prioridad para garantizar la supervivencia. Y eso significa renegociar con bancos, propietarios de terrenos y concellos.
En eso están, según confirman fuentes del sector, con "muchísimo trabajo en los departamentos económico-administrativos" de las compañías. "No queda otra", insisten desde una de las principales firmas con intereses eólicos en Galicia y que tiene "la mayoría" de sus aerogeneradores en funcionamiento desde antes de ese año de referencia. Queda pendiente conocer la orden definitiva. Si el departamento que dirige José Manuel Soria acepta las alegaciones que la patronal EGA presentó, pese a que su petición general a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fue que se tumbara la norma. La eólica gallega rechazó los parámetros empleados para calcular la remuneración por "carecer de toda solvencia" y atacó con dureza la incertidumbre alrededor de lo que se entiende por "rentabilidad razonable". El complejo cálculo de Industria para limitar el pago a la producción de las renovables. "Con lo ocurrido con el decreto, que no incorporó ningún cambio -señalan los promotores-, no esperamos ninguna sorpresa agradable en la orden".
La supresión de las primas obliga a más del 60% de los parques eólicos gallegos a vivir exclusivamente de lo que el mercado, el pool, les pague por su electricidad y prescindir de los casi 300 millones que recibían hasta ahora por su contribución a la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático. "Es imposible aguantar", sostienen en EGA. "A las empresas -explica su secretario, Íñigo Muniozguren- no les salen los números".
La modificación radical del escenario incide de lleno en el plan de negocio de las instalaciones y, por lo tanto, en las condiciones de los créditos con las entidades financieras. Dado el alto coste de construcción de un parque y la tecnología, la inversión de los promotores está vinculada a elevados también niveles de apalancamiento que ahora se tambalean. Las empresas gallegas del viento llevan avisando del riesgo de impagos desde que se conocieron los primeros detalles de la que, dicen, es una "mal llamada reforma energética". "La primera de las soluciones es, en paralelo a la lucha legal, la económica, la que se abre con la banca", señalan.
Desde alargar el plazo de los créditos, a un retoque de los intereses, e incluso periodos de carencia. Porque la alternativa es la quiebra y que a las entidades les ocurra como con el ladrillo. Que los parques sean el siguiente quebradero de cabeza en el pesado saldo de los activos adjudicados en pago de deuda. De hecho, según apuntan fuentes del sector, algunas entidades, de las más expuestas al sistema energético, tienen contactos con sociedades especializadas en la gestión de este tipo de instalaciones. Los aerogeneradores necesitan mantenimiento continuo.
"Adaptación"
La renegociación llega además a los dueños de los terrenos, con los que generalmente hay acuerdos de arrendamiento a largo plazo. Y con los ayuntamientos. La apertura de un parque suele derivar en convenios medioambientales entre la empresa y el concello de ubicación. "Hay que adaptarse a la situación", inciden las compañías.
¿Y los frentes judiciales? El mismo día que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto de retribución a las renovables, la patronal eólica nacional dejó clara su intención de recurrir "en todas las instancias posibles". EGA previsiblemente hará lo mismo. Según pudo saber FARO, la junta directiva lo someterá a votación de toda la asamblea de la asociación antes de las vacaciones de verano.
La conocida postura crítica de la eólica gallega hacia la Xunta por "no defender de forma efectiva" los intereses del sector no significa que ambas partes rompan relación. Hay conversaciones y los promotores inciden en la necesidad de seguir impulsando "medidas fiscales, administrativas y políticas". Entre las fiscales, está la eliminación del canon eólico. "No tiene sentido ni justificación, y menos en un escenario como éste", argumenta Muniozguren. De lado de las políticas, "para convencer" al Gobierno gallego sobre la necesidad de acudir al Constitucional. El plazo para hacerlo con la nueva ley eléctrica -la que permite desarrollar el real decreto de renovables y la orden- "está todavía abierto".
