Las iglesias son atractivas para los ladrones, explicaba en marzo el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en el IV congreso de la asociación de protección del patrimonio Protecturi: porque guardan "objetos más que apetecibles en el mercado negro" y "son espacios de puertas abiertas con escasos mecanismos de seguridad". Por los hurtos, explicó, algunos párrocos exhiben réplicas de sus piezas más valiosas, con lo que alejan "los bienes" de "la función que defiende la Iglesia: el culto".
A su juicio, la solución está en "Igrexa Segura-Cultura Aberta", un protocolo de actuación promovido por el Instituto Superior de Policía Judicial y Ciencias Criminales de Lisboa en colaboración con diversas instituciones estatales y de la sociedad civil, que "se ha convertido en un punto de referencia" para abordar esta cuestión.
Este procotolo, cuya aplicación defendió en Galicia, incluiría los componentes de seguridad -como alarmas, que insta a financiar apelando al "sentimiento de afecto por el patrimonio local" por la población- y los "derivados de una buena organización" que se traducen en cinco puntos de "especial trascendencia": inventario, base de datos de objetos sustraídos, control de llaves, vigilancia y control de acceso a bienes". Respecto al inventario, señala que las "carencias de medios" no son excusa, ya que puede hacerse de forma básica con pocos voluntarios.
Otra "herramienta" útil para proteger este patrimonio, añadió, sería un "cuestionario para la evaluación de riesgos de seguridad", para "identificar" los puntos "más vulnerables" y "delimitar los modus operandi y los perfiles delictivos más frecuentes" en estos robos. Además permitiría abordar una "planificación básica" de seguridad.
