Un sorprendente episodio saltó ayer en el pleno municipal del Concello de Ourense. El Gobierno local, del PSOE, tuvo que reconocer que pagó 402.000 euros por comprar un edificio en ruinas en el casco histórico de la ciudad pero que no firmó el contrato con todos los propietarios, por lo que la operación quedó anulada en 2013 por sentencia judicial y el Ayuntamiento se quedó sin el dinero y sin el inmueble. Ante las críticas de la oposición, el alcalde, Agustín Fernández, admitió que se trató de un "error administrativo" y la concejal de Urbanismo, Áurea Soto, asumió que la compra "no estuvo bien hecha". Ahora, los servicios jurídicos del Concello tratan de recuperar el dinero o hacerse con el edificio en propiedad.

Fue la edil del PP Carmen Carballo quien realizó la exposición más clarificadora de la operación: "El Concello no tiene ningún tipo de propiedad. Compró a quién no eran los propietarios. Y la sentencia del Juzgado, que anulaba la compra venta, no fue recurrida". Por si fuera poco, añadió la concejal, la demanda interpuesta por el Concello contra uno de los propietarios que no firmó la operación para forzarle a vender su parte apelando a la indivisibilidad del inmueble fue desestimada hace algo más de un año y además se impuso las costas procesales al concello por importe de 34.139 euros. Y esta sentencia, no se recurrió y los 402.000 euros tampoco fueron reclamados.

El motivo de la desestimación de la demanda, según el auto, fue que los vendedores del 95,17% "no eran propietarios del edificio", debido a que el mismo pertenece a una comunidad hereditaria estando la herencia sin dividir, careciendo, además los vendedores de titulo de propiedad sobre el inmueble.

Ante las numerosas preguntas formuladas por la oposición sobre la fallida operación, Áurea Soto no respondió y se limitó a comentar que el objetivo ahora es "rematar la compra del edificio y superar los atrancos que hay".