La defensa de Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, el que fuera jefe del grupo Vendex -empresa epicentro de la operación Pokemon- ha solicitado formalmente a la juez Pilar de Lara que abra una pieza separada para investigar la adjudicación de los contratos de la grúa y ORA de Santiago a Setex Aparki -rival de Vendex en numerosos concursos públicos- y la "presunta financiación ilegal" del PP por parte de esa empresa. Así lo ha pedido en un escrito registrado ayer en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, en el que también insta a que el titular de firma, Jaime López Aguilar, sea apartado de la acusación particular contra, precisamente, Vendex.
En su escrito, la defensa utiliza los informes y las escuchas realizadas por Vigilancia Aduanera que han trascendido tras levantarse el secreto de sumario de la causa contra la mayor red de corrupción municipal descubierta en Galicia. Amparándose en el trabajo de los agentes, el exjefe de Vendex alude a "posibles y delictivas irregularidades observadas en la adjudicación de los servicios conjuntos de ORA y grúa en el Ayuntamiento de Santiago" y a la "presunta ilegal financiación del Partido Popular por parte de la referida sociedad", presenta una "denuncia expresa" para que se ordene una investigación "de tales hechos".
"Conociendo como conocemos cuán grandes son el celo y la dedicación de la titular de este juzgado, puestos de manifiesto en la instrucción de la presente causa, no cabe sino pensar que estos claros indicios de anomalías le hayan pasado desapercibidos dado el gran volumen de la misma", señala el escrito, antes de precisar que "no debe permitirse que los árboles impidan ver el bosque".
El abogado de Gervasio Rodríguez sostiene que había, como refleja Vigilancia Aduanera, un "plan preconcebido" en Santiago para que la adjudicación de la ORA y de la grúa se hiciera a favor de la empresa en virtud de las "influencias" que "procuró a determinados funcionarios relacionados con el Partido Popular, de los que dependía la adjudicación". Continúa, en su escrito a la juez De Lara, que la firma se hizo con los contratos tras la "siembra" que había realizado anteriormente "aportando financiación ilegal al PP antes de las elecciones".
"Estos hechos son lo suficientemente importantes y graves para que tengan que ser investigados, cuando menos con similar rigor al que otros muchos infinitamente menos graves y transcendentes (como por ejemplo regalos de ínfimo valor) lo están siendo en la presente causa", continúa la defensa en su escrito.
Ante todo esto, la defensa reclama una pieza separada para investigar los hechos en la que "deberán considerarse como imputados la empresa como persona jurídica y su representante legal, Jaime López Aguilar". En esta coyuntura, la defensa de Gervasio Rolando Rodríguez entiende que "no tiene ningún sentido" y resulta "procesalmente imposible" que la referida entidad "siga figurando como acusadora particular en la presente causa".
