La Xunta ha decidido finalmente renunciar a privatizar la explotación de la autovía Dozón-Ourense (AG-53) en el que iba a ser el mayor contrato de la historia de Galicia para una infraestructura viaria. La seguirá gestionando la Sociedade Pública de Investimentos, como ahora, hasta el final de su vida útil, en el año 2057. A esta decisión se ha llegado tras revisar en profundidad el Plan Económico Financiero de la obra -elaborado en el año 2003- y descubrir que había un descomunal desfase entre la previsión de gastos para sostener la autovía y el coste real de las amortizaciones y mantenimiento de la carretera. La diferencia es nada menos que de 671 millones de euros (el 57% del total). Así, frente a la estimación inicial de que conservar la vía operativa hasta el año 2057 iba a costar a las arcas autonómicas 1.184,9 millones de euros, la nueva revisión cifra en solo 513,1 el gasto real, por lo que en estas condiciones resulta totalmente asumible para la Administración autonómica.

El Gobierno gallego apunta de este fallo al bipartito, pero sin cargar las tintas, porque el actual Ejecutivo de Feijóo tardó cinco años en darse de cuenta del desfase y solo apreció la sorprendente disparidad de las cifras después de un año de estudios -en los que se contrató hasta una consultora externa- con el objeto de privatizar la gestión de la autovía. Por esto, y porque el Plan Económico y Financiero fue elaborado en la época de Fraga, los reproches son más bien tibios a pesar de que el gasto estaba infladísimo.

La primera alternativa de la actual Xunta era ceder a la empresa privada la explotación de la autovía. Sus cálculos iniciales les permitirían ahorrar unos 241 millones de euros y además disolver la Sociedade Pública de Investimentos, pero el coste total de la concesión se iría hasta los 944 millones de euros. Con esta hipótesis trabajó la Consellería de Medio Ambiente hasta que un análisis en profundidad reveló el brutal desfase entre la previsión de gasto elaborada en 2003 y el coste real de la autovía.

Y aunque conforme avanzaran los años se descubriría que la planificación estaba inflada, al dar por válidas las cifras iniciales eso supone que el dinero estuviera apalancado y comprometiera mientras tanto otros gastos. En su descargo, Medio Ambiente sostiene que costó "mucho trabajo" descubrir el desfase.

Para entender este embrollo, la Xunta recuerda la génesis de la autovía. La planificación se realizó para una carretera de pago, que es como estaba diseñada la AG-53 originalmente con Fraga, con una previsión de ingresos por peaje para costear su conservación y la devolución de los créditos. Pero el bipartito la hizo libre de peaje en 2007 y dio por bueno ese Plan Económico y Financiero, algo que se hizo de forma "precipitada, sin valorar los gastos reales y sin reflejar su impacto económico en las cuentas autonómicas", según la actual Xunta. "No había documentos contables ni se había trasladado su coste a las cuentas", aseguran desde Medio Ambiente.

Todos dieron por buena una planificación que disparaba los gastos por encima de los 1.000 millones de euros. Y así fue hasta que en 2013, Medio Ambiente se puso a analizar en profundidad las cuentas ante la necesidad de recortar gastos también a largo plazo porque hasta entonces la gestión presupuestaria solo se hacía con vistas a cuatro años.

Y ahí fue cuando se descubrió el enorme desfase. De una previsión de 1.185 millones se pasó a una proyección de gasto de solo 513, que ya es una cantidad muy asumible por la Administración autonómica que desaconseja recurrir a la privatización de su explotación, que saldría además más cara.

La Xunta sostiene que no se rebajarán los costes de conservación ni de personal, sino que únicamente se ha calculado mejor la planificación.