Justo al límite del toque de campana que anunciaba el final del plazo para poder hacerlo, la Xunta abre la puerta a poner en manos del Tribunal Constitucional la nueva ley del sector eléctrico, considerada la columna vertebral de la polémica reforma energética. La norma que consolida todos los recortes a las renovables de los últimos años y que impulsa el escenario para el nuevo sistema de pagos, desarrollado ya en los también discutidos real decreto para las tecnologías verdes y la orden de retribuciones. Ambos en fase de borrador y en el epicentro del agrio enfrentamiento que mantienen el Ministerio de Industria y los promotores. La Consellería de Economía finalmente ha pedido la apertura de una comisión bilateral con el Estado para intentar negociar cambios, lo que supone el primer paso para, en caso de falta de acuerdo, recurrir.

El departamento que dirige Francisco Conde "comparte" con el Gobierno central la lucha contra el desequilibrio existente entre lo que cuesta el servicio eléctrico y lo que se recauda. "Pero también consideramos que es necesario un debate, buscar fórmulas alternativas y la igual de trato a Galicia respecto a otras comunidades", aseguran en la consellería. "Es un espacio de diálogo en el que Galicia -añaden- puede defender los intereses de las renovables y la competitividad de nuestra industria".

Detrás de esta argumentación están, por un lado, la delicada situación en la que quedan los parques eólicos de la comunidad. La ley del sector eléctrico en vigor desde finales de diciembre finiquita el llamado régimen especial -donde viento, parte de las hidráulicas, biomasa, solar y cogeneración recibían primas a mayores del precio de venta de su producción en el mercado- e instaura un "régimen específico" del que solo podrán beneficiarse las ganadoras de un mecanismo de "concurrencia competitiva" que diseñará la Administración central. Al que deberían acudir los parques que salgan del concurso eólico gallego para arañar algún tipo de retribución. La orden que desarrolla esa normativa aplica un tijeretazo de hasta el 50% en los ingresos de plantas renovables y deja fuera de todo pago a los aerogeneradores anteriores a 2005, por encima del 60% de los instalados en Galicia.

Economía quiere también poner coto al recorte aplicado en la cogeneración, con un centenar de centrales en Galicia, vinculadas a grandes industrias que ahorraban así su factura eléctrica o suponían una importante vía de ingresos, como en el caso de Sogama. Que es otra de las grandes preocupaciones de la Xunta.

Recurso directo

Desde la Asociación Eólica de Galicia (EGA) llevaban meses pidiendo a la Xunta el recurso en el Constitucional, como ha hecho Cataluña. Por eso la comisión bilateral les sabe a poco. "No se enfrenta directamente al problema, dilata la solución en el tiempo", explican los promotores, que recuerdan que hay otra en funcionamiento por el real decreto de julio que paralizó las primas, sin que de momento se sepa nada de acuerdos. EGA brinda su colaboración para aportar "toda la documentación y el respaldo de las asesorías de las empresas" que demuestran "la inconstitucionalidad" de la ley.