Varapalo del Consejo de Estado, presidido por el popular y exministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, al copago en el transporte sanitario no urgente. Este servicio en la actualidad gratuito tendrá un coste para el enfermo en función de su renta, tal como ha decidido el Ministerio de Sanidad, cuya número dos es la exconselleira y discípula de Romay, Pilar Farjas. La gestión corresponde a las comunidades autónomas. El Consejo de Estado reclama "una reevaluación" del proyecto al dudar que suponga "un ahorro" para la Administración, y cuestiona que el Ministerio no haya analizado "las cargas que para el ciudadano supone el nuevo sistema". Sanidad prevé que los pacientes desembolsen 26 millones de euros con este copago. Los enfermos crónicos, sobre todo oncológicos, que necesitan diálisis o rehabilitación, son los principales usuarios de las ambulancias en servicios no urgentes. Tendrán que pagar 10,20 o 60 euros al mes en función de su renta o esa misma cantidad anual si los desplazamientos se prolongan más de seis meses.

El organismo presidido por el gallego José Manuel Romay Beccaría duda además en su dictamen sobre el copago en ambulancias, desvelado ayer por la Cadena Ser, que los 26 millones de euros que el departamento de Ana Mato prevé que aporten los usuarios a partir de ahora por el uso de las ambulancias en servicios no urgentes pueda considerarse "ahorro" en el servicio, tal como defiende Sanidad. Y el argumento que expone no es suyo, sino del propio Ministerio que en la memoria económica que acompaña al proyecto de real decreto admite que "los ingresos que puede suponer la aportación (de los pacientes) pueden verse compensados por los costes de la gestión de su cobro", un mecanismo que además puede ser diferente en cada comunidad.

Es decir, que el copago no servirá para financiar el servicio de transporte sanitario no urgente, sino la burocracia para cobrar el copago.

Los reparos del Consejo de Estado no se quedan ahí. Critica además que se puedan "ahorrar" otros 45 millones de euros, como contempla Sanidad en la citada memoria económica, por "la aplicación de criterios de racionalización en el uso del transporte sanitario no urgente". ¿Por qué? Porque, según explica, los criterios para decidir quien tiene derecho a este servicio "son muy similares a los actualmente previstos", por lo que no entiende por qué se va a usar menos. El Consejo de Estado demanda que "se especifiquen con más precisión los criterios".

El copago en ambulancias se anunció ya en 2012, pero no se aplicó todavía, pues está pendiente de regulación, precisamente del real decreto sobre el que acaba de dictaminar el Consejo de Estado, en un informe no vinculante y que el Ministerio de Sanidad ha dicho que estudiará. Entonces, la Xunta afirmó que sería "sensible y consecuente con la dispersión poblacional de Galicia y las patologías de los pacientes". Los afectados reaccionaron en la comunidad y en el resto de España con protestas y denunciando como "cruel" la medida, pues, sostienen que la mayoría de los enfermos que utilizan el transporte sanitario no urgente "tienen pensiones mínimas" y ya sufren además nuevos copagos como el de los fármacos, primero los dispensados en las farmacias y se ultima el copago de los medicamentos que se dispensan en centros sanitarios. En Galicia, hay 1.200 enfermos del riñón que diariamente acuden a diálisis en ambulancias.

La Junta de Andalucía ya se ha adelantado y tras conocer el informe del Consejo del Estado, su consejera de Salud ha descartado aplicar "cualquier copago" porque entiende que es "un repago" y porque puede "disuadir" a los pacientes sin recursos económicos de tratamientos.