El caso Pokémon ha extendido también sus tentáculos en Asturias, o al menos eso deduce la juez del caso, Pilar de Lara, que implica a dos excargos del PP con el amaño de tres contratos en la localidad de Cangas del Narcea.
El exvicesecretario del PP de Asturias, Joaquín Fernández, y el ex alcalde popular de la localidad de Pravia, Carlos Guerrero, "se habrían concertado para la redacción de informes favorables a sus respectivos intereses" en la concesión de tres contratos ligados al ayuntamiento de Cangas del Narcea, donde Guerrero desempeña actualmente la función de asesor del equipo de Gobierno. Al menos eso es lo que sostiene la juez, que en su último auto vincula a los dos excargos del PP imputados en la trama con "actividades presuntamente ilícitas" que tienen que ver con un "contrato de gestión de tráfico y multas", otro del "servicio de limpieza y recogida de basuras" y con la "compra de un GPS" para el consistorio cangués.
La instructora del caso ya había dictado un escrito en febrero en el que recogía que Guerrero y Fernández habían participado en el intento de "manipular" un concurso público para que la empresa GRS ARS Local se hiciese con el contrato de la "gestión de tráfico y multas". Su administrador, Alexander Ros Valls, está acusado de lograr adjudicaciones de distintas administraciones mediante sobornos.
