Entregan 8.000 firmas para defender los servicios públicos

La portavoz de la Plataforma Galega en Defensa dos Servizos Públicos y coordinadora del área pública de la CIG, Carme López Santamariña, ha explicado que la entrega de firmas, que van dirigidas al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, forma parte de la campaña de los empleados públicos para denunciar los recortes aplicados en materia de función pública y en los servicios.

Dentro de esta plataforma están representados todos los sectores de la administración, ha apuntado Santamariña, que ha indicado que están "intentado", aunque no han logrado que "la administración" les "escuche", que el Gobierno "se siente a negociar que no desaparezcan los servicios públicos". Su "supervivencia", ha destacado, es "imprescindible", no solo para los funcionarios, que tienen "unas cargas de trabajo abusivas", sino para evitar la desaparición de los servicios a los ciudadanos.

En 2014, ha denunciado, las cuentas públicas recogerán "medidas continuistas y agresivas" respecto a las condiciones laborales de los empleados públicos y a la economía. "Tenemos que recordar que Galicia es una de las pocas comunidades que nos tiene aplicada una ley de medidas con condiciones muy agresivas, con recorte de todos nuestros derechos", ha criticado. Además, ha recriminado que se mantiene la medida de abonar solo el 60% de las pagas extra, lo que representa "una rebaja de entre el 4 y el 6% de los salarios".

INADMISIBLE

"Nos parece inadmisible que se vuelva a plantear este recorte", ha protestado y ha considerado que es "una discriminación respecto a los funcionarios de otras comunidades". La Xunta, ha agregado, va a "recibir el importe total de los salarios" que tendría que abonar a estos empleados.

"Estamos siendo siempre la moneda de cambio, no solo los trabajadores, sino los propios servicios públicos", ha afirmado y ha denunciado que se han encontrado con personal que aparece "en servicios trabajando en condiciones que ya no son ni precarias, ni contratos con empresas".

"Les llaman incluso colaboradores", ha indicado y ha señalado que completan "con 300 ó 400 euros" las prestaciones que esta gente cobra del paro. Los han detectado en la baremación de becas, en la Consellería de Educación, y se trata de personas de más de 52 años y, en su mayoría, mujeres". "Estamos investigando", ha dicho.

"Esto es una alerta para todo el mundo porque estamos en situación de declive y desaparición de los servicios públicos", ha afirmado Santamariña y ha avanzado que continuarán con las movilizaciones y que registrarán también en el Parlamento, para el grupo del PP, las mismas firmas presentadas este viernes en la Xunta.