La identificación de los núcleos costeros que pueden beneficiarse de la reducción de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros está siendo un trabajo arduo y complejo.
El Ayuntamiento de Pontevedra ha optado directamente por remitirle al Ministerio de Medio Ambiente su Plan Feral de Ordenación Municipal aprobado en 1989 para que ratifique si es correcto. Otros como el concello de Oia han reclamado más información al Gobierno para que le explique qué núcleos costeros estarían afectados por la nueva Ley de Costas.
En otros casos hay discordancias entre la información de la que dispone la Xunta sobre los núcleos afectados y la que manejan los técnicos municipales. En Bueu, por ejemplo, donde la Consellería de Medio Ambiente contabilizaba tres asentamientos, el Concello advierte que dos ya tienen la zona de servidumbre en 20 metros y el tercero es imposible legalizarlo.
