La Xunta se pone del lado de los alcaldes en su batalla contra la reforma local diseñada por Hacienda. La batería de 34 alegaciones al borrador del nuevo mapa municipal lo dejó claro el pasado mes de marzo, al cuestionar el excesivo protagonismo de las diputaciones, reclamar más financiación del Estado para garantizar la calidad de los servicios y defender la fusión municipal como alternativa al traspaso de competencias de los concellos a las corporaciones provinciales. A las quejas de los últimos meses por parte de los ayuntamientos sobre la cesión a la comunidad de los servicios sociales -atención a la mujer, drogodependencia, inmigración, psicólogos y educadores sociales-, se sumó ayer la Xunta.
El director xeral de Administración Local, Norberto Uzal, urgió al Gobierno central a "reconsiderar" la supresión de competencias locales en materia de servicios sociales y se mantenga el modelo actual en el que se prestan de manera "compartida" entre la comunidad autónoma y las administraciones locales (concellos y diputaciones). Esa es la reclamación que hizo Uzal en respuesta a una pregunta presentada por la diputada socialista Carmen Gallego sobre las implicaciones de la reforma local.
El alto cargo de Presidencia insistió en que el anteproyecto debe ser mejorado "desde el respeto a las competencias de la comunidad y al principio de autonomía local". Dada la "sensibilidad" e "impacto social" de los servicios sociales, la Xunta defiende como "idóneo" el modelo de gestión "compartido" entre autonomía y administraciones locales para "garantizar la calidad del servicio" y la "proximidad".
Los alcaldes ya habían advertido del "caos" que supondrá la cesión de servicios sociales a la Xunta. "Los peor parados si se produce este traspaso serán los vecinos", opinaban varios regidores.
