Las comunidades deberán asumir 927 millones de euros en los próximos tres años para aplicar la Lomce

18.05.2013 | 00:00

Una de las mayores preocupaciones de las comunidades autónomas es de donde sacarán el dinero para aplicar la reforma educativa.El Ministerio de Educación ha recalculado y revisado en varias ocasiones las previsiones iniciales del coste de la Lomce. Según la memoria económica de la ley, el Gobierno central deberá aportar hasta 408 millones de euros en tres años y las comunidades tendrán que invertir 927 millones de euros.
La financiación es precisamente uno de los puntos calientes de la normativa. El Consejo de Estado en su dictamen había advertido, de hecho, que el cálculo del coste de la reforma era insuficiente. A pesar de ello, el ministerio no ha revisado su previsión económica, pero ayer aclararon que en torno a la mitad del dinero que costarán los cambios al Ejecutivo central (unos 200 millones de los 408 contemplados) procederá de la Unión Europea. El Gobierno solicitará que ese dinero salga del Fondo Social Europeo, del capítulo previsto para combatir el paro juvenil.
La implantación de la ley supondrá unos gastos por parte del Gobierno central de 22 millones de euros en el primer año, 130 en el segundo y 255 en el tercero. Ese dinero se destinará a costear la nueva FP, los itinerarios y el Bachillerato al finalizar la ESO.
Las comunidades financiarán los costes de consolidación, que serán mayores cuantos más alumnos permanezcan en el sistema escolar.
Los repetidores
Esta inversión podría, sin embargo, servir para atajar el gasto aún más elevado que supone para el sistema el alto número de alumnos repetidores. Según los datos que ofreció ayer Wert, el 40 por ciento de los estudiantes ha repetido alguna vez al cumplir los 15 años, lo que al Estado, le cuesta, según los cálculos del ministerio, un desembolso de 2.500 millones de euros.
Dentro de la memoria económica que acompaña a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, se han reservado cinco millones de euros para costear la atención en centros privados a aquellos alumnos que quieran ser escolarizados en castellano. De esta manera se cubrirían unos 1.000 potenciales estudiantes, aunque el ministerio matizó que si al final la demanda no supera las 17 solicitudes al año el coste será "insignificante".

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