El Gobierno central prepara una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para limitar el alquiler de pisos particulares a turistas por días o semanas, coincidiendo con las épocas de vacaciones. Actualmente, esta actividad está amparada por la LAU, que no hace distinción entre los distintos tipos de arrendamiento, pero el Ministerio de Fomento quiere eliminar ese paraguas de protección y obligar a que estos alquileres vacacionales se rijan en adelante por las normativas turísticas de cada comunidad autónoma. Esto obligará a que los pisos deban reunir una serie de condiciones hasta ahora no requeridas, por lo que la actividad resultará probablemente más restrictiva.
El cambio afecta especialmente a las zonas más turísticas de Galicia, como las Rías Baixas, donde existe un importante negocio de alquiler de pisos en la época de vacaciones pensado para los visitantes.
Lo que no está claro todavía es cómo se diferenciará el alquiler turístico de otro tipo de arrendamiento. Podría ser por el número de días del contrato, por el área geográfica en que se encuentra el inmueble o por la época del año. El sector hotelero gallego apoya la iniciativa del Ministerio de Fomento, pero detecta dos problemas. Uno es cómo controlar la aplicación de la nueva legislación. "No se puede enviar a un inspector a cada piso para comprobar si hay un arrendamiento turístico o de temporada. Va a ser muy complicado", advierte el presidente del Gremio de Hoteles de Galicia, Francisco Canabal.
El segundo problema es cómo diferenciar un piso turístico de otro. El sector señala que la línea divisoria resulta "muy confusa" entre un tipo y otro de alquiler y que ni todos los arrendamientos de corta estancia ni por estar en una zona turística tienen que considerarse automáticamente como tales. "Pero todo lo que signifique mayor transparencia y sirva para luchar contra la economía sumergida, bienvenido sea", cuenta César Ballesteros, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hospedaje de Pontevedra.
De clarificar estas dudas se tendrá que encargar la Xunta, aunque por el momento no puede avanzar nada porque desconoce cómo quedarán los cambios en la normativa del Estado. "Cuando se conozca el nuevo texto de la ley, se pondrán en marcha las medidas legislativas y de inspección para evitar situaciones de vacío en el control de este tipo de alojamientos", asegura la Axencia de Turismo.
Lo que tiene ordenado la Xunta es la actividad de los llamados "apartamentos turísticos", establecimientos dados de alta en un registro, controlados fiscalmente y gestionados de forma profesional. Pero nada tiene regulado sobre los alquileres entre particulares porque están amparados por la LAU, al menos de momento, y que ahora sufrirán cambios en su legislación.
En el preámbulo del proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquiler, que modifica la de Arrendamientos Urbanos, se señala el alza significativa del uso de alojamientos privados para el turismo, lo que podría dar "cobertura al intrusismo". Eso es, inmuebles particulares que se ofrecen como alojamientos turísticos, bien en internet o por otros medios de difusión, pero sin tener esa calificación ni estar registrados. El sector gallego considera que en la comunidad se ofertan con esta modalidad, ilegal, unas 10.000 plazas y que podrían hacerse con hasta el 30% de las pernoctaciones.
La patronal de gestores de viviendas turísticas considera que la reforma dejará fuera de la ley a unos 20.000 pisos cuya actividad genera cerca de 2.000 millones de euros de negocio al año.
