Hacienda se propone dar un mayor protagonismo a las diputaciones en el nuevo mapa competencial municipal. No solo dejará en manos de las corporaciones provinciales los servicios de los ayuntamientos insolventes sino que además les dará potestad para subir los impuestos municipales y recaudar los tributos en los municipios que gestionen. Pero las administraciones locales por ahí no pasan. En sus alegaciones, la FEMP reclama que las diputaciones solo se encargue de "la gestión, liquidación, inspección y recaudación de las tasas y precios públicos que graven o puedan gravar la prestación de servicios asumidos", pero que sean los ayuntamientos la regulación de sus ordenanzas fiscales.

Sobre la intervención de los municipios insolventes de menos de 5.000 habitantes, los alcaldes reclaman directamente que se suprima del reglamento. "Los requisitos que se ponen para la intervención harían que muchos ayuntamientos pudieran pasar a estar intervenidos, con lo que no desaparecerían de derecho pero sí de facto", recogen los alcaldes en sus alegaciones, a lo que añaden que ya hay normas que regulan la intervención de municipios. "No parece lógico -concluyen- establecer otra norma de control para la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes", que suponen el 63% de los 315 que hay en Galicia.

Tutelas

Los alcaldes dicen no a los "controles y tulelas" que esconde el borrador de la reforma local. Y por ello demandan al Gobierno que suprima del anteproyecto el refuerzo del papel de los interventores, una figura que hasta ahora dependía de la Alcaldía y que con la reforma de Hacienda volverá a ser personal dependiente del Estado que tendrá que remitir con carácter anual a la Administración General del Estado un informe de los resultados de esa supervisión así como al Tribunal de Cuentas sobre la situación económica de su municipio. "Si el control del ayuntamiento lo van a tener los interventores, ¿qué pintamos los alcaldes? Nos querrán solo para pasar por el Concello a última hora de la mañana y firmar los documentos", cuestionan regidores gallegos.